(Expansión, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El pasado 28 de octubre desaparecieron de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las participaciones significativas de varios accionistas de Azkoyen, la compañía navarra que está siendo objeto de una oferta pública de adquisición (opa) presentada por Ohmnia Electronics. Entre las posiciones que dejaron de figurar se encontraban las del fondo de inversión de Navarra, Andbank Wealth Management y Muza Gestión de Activos, con participaciones que oscilaban entre el 1% y el 3% del capital de la empresa fabricante de máquinas expendedoras.
Esta desaparición responde a la entrada en vigor de un decreto publicado por el Gobierno el pasado 7 de octubre, que introduce diferentes modificaciones en el ámbito financiero. Una de las principales novedades afecta a las obligaciones de información de los accionistas de empresas sometidas a una opa. A partir de ahora, deberán comunicar sus participaciones cuando alcancen el 3% del capital, en lugar del 1% que se exigía hasta ahora, equiparándose así el umbral al aplicable al resto de sociedades cotizadas. La obligación de informar desde el 1% se mantiene para los inversores domiciliados en paraísos fiscales. El Ejecutivo justifica el cambio por la necesidad de reducir las cargas administrativas, garantizando al mismo tiempo un nivel de transparencia adecuado y más acorde con la regulación europea.
La obligación de declarar las participaciones superiores al 1% se introdujo en 2007, después de la disputa por el control de Endesa. En aquel momento, el Gobierno consideró necesario reforzar las exigencias de transparencia en las operaciones de adquisición. La finalidad era identificar rápidamente la entrada de nuevos inversores en compañías afectadas por una opa y permitir al mercado valorar si sus movimientos podían favorecer, obstaculizar o incluso bloquear la operación. La modificación actual supone, en la práctica, que los fondos especializados en este tipo de operaciones podrán adquirir participaciones en empresas españolas sin que sus movimientos sean visibles mientras no alcancen el nuevo límite del 3%.
Estos inversores, conocidos como fondos cazaopas, son hedge funds que buscan obtener importantes rentabilidades aprovechando las oportunidades que surgen durante los procesos de adquisición. Su estrategia consiste principalmente en posicionarse en aquellas operaciones en las que consideran probable que se produzca una mejora del precio ofrecido, ya sea por la competencia entre distintos compradores o por la presión del consejo de administración para conseguir una contraprestación superior. Sand Grove, Samson Rock, Harris Associates, Marshall Wace, Millennium y Qube Research figuran entre las entidades que desarrollan este tipo de estrategias, conocidas internacionalmente como event driven.
Uno de los ejemplos más destacados de la influencia de estos fondos en el mercado español se produjo durante la pugna por el control de Applus. En aquella operación llegaron a reunir una parte relevante del capital y estuvieron cerca de inclinar el resultado a favor de Apollo Global Management, pese a que su oferta definitiva era la menos elevada. La CNMV tuvo que intervenir para facilitar que prevaleciera la propuesta económicamente más favorable, presentada por el consorcio formado por I Squared y TDR Capital. También se detectaron movimientos de estos inversores durante las opas sobre Sabadell y Ercros, así como en las negociaciones relacionadas con una posible oferta sobre Grifols. Por su parte, los fondos que participaron en la opa sobre MásMóvil en 2020 todavía mantienen litigios al considerar que el precio ofrecido por las acciones fue insuficiente.
La mayoría de estos fondos suele mantener posiciones inferiores al 3% del capital de las compañías en las que invierte. Por este motivo, el nuevo umbral permitirá que su presencia pase desapercibida en buena parte de las opas que se desarrollen en España. Esta menor visibilidad también afectará a otros inversores que acceden al capital con intereses más estratégicos, como ha ocurrido en Azkoyen con el fondo de inversión de Navarra. Frente a este criterio, otros mercados mantienen obligaciones de información más estrictas. Es el caso del Reino Unido, donde sigue siendo obligatorio declarar participaciones superiores al 1% cuando una empresa está sometida a una opa. Así sucede en la actual oferta de la familia Cosmen y Asterion sobre Mobico, en la que fondos como Citadel, Two Sigma y Connor Clark han tenido que comunicar que controlan más del 1% del capital de la compañía británica.