(El País, 04-11-2026) | Laboral
El grupo de expertos constituido por el Ministerio de Trabajo ya ha elaborado su propuesta para la próxima actualización del salario mínimo interprofesional (SMI), una recomendación que el Gobierno esperaba para iniciar el proceso de aprobación de la subida antes de que termine la legislatura. Los especialistas plantean un incremento del 4,9% para 2027, lo que elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas hasta los 1.281 euros. Esto supondría 60 euros más al mes y permitiría compensar la evolución de los precios, cuya tasa interanual se situó en el 4,9% en octubre, según los cálculos recogidos en el informe elaborado por académicos, representantes sindicales y miembros del Ejecutivo. Como viene sucediendo en los últimos años, el documento servirá de referencia para la posterior negociación entre el Ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de la que saldrá la cuantía definitiva. Mientras CC OO y UGT reclaman un aumento del 7%, la patronal ha cuestionado la premura con la que se está desarrollando el proceso. Por su parte, el Gobierno pretende aprobar la subida antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.
El encargo realizado por Trabajo a la comisión de expertos consistía en determinar dos posibles incrementos: uno que permitiera situar el SMI en el 60% del salario medio neto y otro que garantizara que no perdiera poder adquisitivo. Ambos objetivos ofrecen resultados diferentes, ya que el primero depende de cómo evolucionen las retribuciones del conjunto de los trabajadores, mientras que el segundo está condicionado por el comportamiento de la inflación. La referencia al 60% responde al criterio defendido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su interpretación de la Carta Social Europea, que considera esta proporción un nivel adecuado para garantizar un salario mínimo suficiente. Aunque no constituye una obligación directa para los Estados, es un objetivo respaldado por distintos especialistas y asumido por PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. Ambas formaciones se comprometieron a modificar el Estatuto de los Trabajadores para vincular automáticamente la evolución del SMI al 60% del salario medio, una iniciativa que no ha prosperado debido a la falta de apoyos parlamentarios.
De acuerdo con los cálculos de la comisión, para que el salario mínimo neto alcance ese porcentaje del salario medio neto sería suficiente con fijar una retribución bruta anual de 17.554 euros, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2026. En términos mensuales, el SMI pasaría de 1.221 a 1.254 euros, es decir, 33 euros más en cada una de las 14 pagas. Sin embargo, esta actualización no bastaría para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, puesto que el incremento quedaría por debajo de la inflación. Por este motivo, los expertos consideran que, si se mantiene la exención del SMI en el IRPF, debería aplicarse una subida del 4,9%, equivalente al aumento de los precios registrado en octubre. El Ejecutivo ya ha anunciado su intención de aprobar nuevamente una deducción fiscal para evitar que quienes cobran el salario mínimo tengan que tributar por este impuesto, aunque todavía no ha concretado cuándo pondrá en marcha la medida.
La cuestión de la tributación del SMI ha generado diferencias entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. Mientras el departamento de Yolanda Díaz ha defendido que estas retribuciones queden exentas del IRPF, Hacienda había sostenido en ejercicios anteriores que también debían contribuir a los ingresos públicos. Su argumento se apoyaba en el fuerte crecimiento experimentado por el salario mínimo desde 2018, cuando pasó de 736 a 1.221 euros mensuales, un aumento acumulado del 66% que ha ampliado hasta unos 2,5 millones el número de trabajadores que perciben esta remuneración. Para Hacienda, no resultaba conveniente que un colectivo tan numeroso quedara al margen de la tributación. No obstante, esta posición se modificó el pasado año, después de que el Ministerio de Trabajo solicitara a los expertos que calcularan las subidas teniendo en cuenta tanto un escenario con tributación como otro sin ella.
La recomendación de los expertos tiene una influencia considerable en la posición que adopta Trabajo durante las negociaciones con los agentes sociales. El precedente más reciente se encuentra en la subida del año pasado, cuando la comisión planteó un incremento del 3,1%, exactamente el porcentaje que finalmente pactaron el Ministerio, CC OO y UGT. Las organizaciones empresariales quedaron fuera del acuerdo, una situación que se ha repetido en prácticamente todas las actualizaciones aprobadas desde que Yolanda Díaz está al frente de Trabajo. La única excepción fue la subida de 2020, cuando el SMI alcanzó los 950 euros y contó con el respaldo de la patronal.
La actualización prevista para 2027 será la última que impulse Díaz como ministra de Trabajo, ya que no volverá a concurrir como candidata de la izquierda. El Ejecutivo podrá aprobarla mediante real decreto, sin necesidad de obtener el respaldo del Congreso, al tratarse de una medida que no requiere una ley para modificar su cuantía. Esta fórmula ha permitido mantener los incrementos anuales del salario mínimo durante una legislatura marcada por las dificultades parlamentarias, en la que el Gobierno no consiguió sacar adelante otras iniciativas laborales, como la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales.
El fracaso de esta reforma llevó a Trabajo a plantear como alternativa un refuerzo del registro horario, una iniciativa que todavía no ha sido aprobada pese a que el departamento de Díaz y el Ministerio de Economía habían anunciado que estaría lista en septiembre. El retraso ha provocado un notable malestar entre los sindicatos, que han condicionado su participación en futuros acuerdos con el Gobierno a que se refuerce el control de la jornada laboral. Si el Ejecutivo no desbloquea esta medida y las centrales mantienen su postura, la próxima subida del SMI podría aprobarse sin el apoyo de CC OO y UGT. Díaz ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de sacar adelante el nuevo registro horario, incluso después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen muy crítico con el proyecto.
A esta discrepancia se suma otra de las reivindicaciones sindicales para respaldar el incremento salarial: impedir que las empresas compensen las subidas del SMI mediante la supresión de determinados complementos salariales. Los sindicatos reclaman que se apruebe por decreto una regulación que proteja conceptos como la antigüedad y otros pluses, evitando que las empresas los absorban para neutralizar el efecto real de la mejora salarial. Esta iniciativa también ha evidenciado diferencias entre los ministerios de Economía y Trabajo y continúa pendiente de aprobación.
Si el Gobierno decide aprobar la subida del salario mínimo antes de las elecciones del 29 de noviembre, la medida llegaría con bastante más antelación que en ejercicios anteriores. Habitualmente, las actualizaciones se han aprobado alrededor del mes de febrero, con efectos retroactivos desde el inicio del año. El adelanto del calendario ha suscitado críticas de la oposición, que considera que responde a intereses electorales, mientras que el Ejecutivo defiende la conveniencia de cerrar la cuestión antes de que el Gobierno entre en funciones. La patronal también ha cuestionado los plazos establecidos por Trabajo y, por el momento, no ha presentado una propuesta concreta sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo en 2027.