(El País, 07-05-2026) | Laboral
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsó en abril del pasado año la creación de un grupo de especialistas con el objetivo de revisar y modernizar la normativa relacionada con la responsabilidad social empresarial. El encargo culminó este miércoles con la presentación de un informe que reúne un centenar de propuestas orientadas a reforzar el compromiso social, laboral y medioambiental de las compañías.
Entre las principales recomendaciones destacan otorgar mayor relevancia a los criterios de responsabilidad social en la adjudicación de contratos públicos, facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan adaptarse a estas exigencias, incentivar económicamente a los directivos comprometidos con estas políticas, reforzar la protección de los trabajadores que denuncien irregularidades y establecer mecanismos de compensación para las comunidades afectadas por proyectos de multinacionales en otros países.
El Ministerio de Trabajo anunció que este documento servirá como punto de partida para abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales con vistas a una futura reforma legislativa. Sin embargo, la iniciativa afronta importantes obstáculos políticos debido a la mayoría parlamentaria de la derecha y al rechazo mostrado por las organizaciones empresariales hacia las propuestas defendidas por Díaz.
Durante la presentación del informe, la vicepresidenta aseguró que el documento llega en un momento especialmente relevante por el contexto internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas y una creciente crisis del multilateralismo. Según afirmó, las empresas deben asumir una mayor corresponsabilidad en la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Asimismo, criticó a la Comisión Europea por impulsar medidas de simplificación administrativa que, en su opinión, podrían traducirse en una reducción de las obligaciones sociales y ambientales exigidas a las empresas.
La primera de las cien medidas planteadas propone que las compañías adopten formalmente un compromiso de respeto a los derechos humanos. Este compromiso debería reflejarse, especialmente, en los contratos comerciales de aquellas empresas que operan en terceros países. Además, los expertos defienden garantizar la protección de las personas que denuncien prácticas empresariales contrarias a los derechos humanos, evitando cualquier tipo de represalia laboral. Esta medida se alinea con recientes iniciativas legislativas destinadas a proteger a los denunciantes de corrupción política y empresarial.
El informe también pone el foco en la igualdad de trato y en las condiciones laborales de colectivos especialmente vulnerables, sobre todo en países donde las garantías sociales son menores. Por ello, insta a las empresas transnacionales vinculadas a España a aplicar criterios de responsabilidad social en toda su cadena de valor, asegurando condiciones de trabajo dignas para las personas pertenecientes a pueblos originarios. En esa misma línea, propone que las comunidades afectadas por proyectos empresariales sean consultadas previamente y que existan mecanismos de reparación y compensación por posibles daños materiales o morales.
Con el objetivo de reforzar estas políticas, los autores sugieren vincular parte de la retribución variable de los directivos al cumplimiento de objetivos de responsabilidad social. También plantean realizar una transposición ambiciosa de la directiva europea sobre diligencia debida empresarial, crear comités de participación de las partes interesadas, implantar sistemas internos de alerta y ampliar la participación sindical en estas cuestiones.
En relación con los sindicatos, el documento considera necesario dotarlos de más recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Entre otras medidas, propone facilitar tiempo remunerado para tareas sindicales, acceso a asesoramiento especializado financiado y espacios adecuados para reuniones. Además, plantea hacer obligatoria la negociación de protocolos contra el acoso laboral en los convenios colectivos y coordinar la prevención de riesgos laborales con las políticas de sostenibilidad ambiental.
El informe reconoce que el cumplimiento de estas obligaciones puede resultar especialmente complejo para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, propone la creación de ayudas públicas específicas, entre ellas un "Kit de Sostenibilidad" inspirado en el actual Kit Digital, destinado a financiar formación y medidas relacionadas con la responsabilidad social y los planes de transición empresarial. También recomienda habilitar líneas de financiación blandas, avales y garantías para aquellas pymes que acrediten buenas prácticas conforme a estándares reconocidos.
Otra de las cuestiones centrales del documento es reforzar los criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Los expertos plantean que las administraciones definan objetivos concretos relacionados con el trabajo digno, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el cambio climático o el comercio ético. Asimismo, proponen endurecer la exclusión de concursos públicos para empresas sancionadas de manera firme por infracciones graves que cuestionen su integridad profesional. Para supervisar el cumplimiento de estas políticas, el informe recomienda crear una autoridad independiente.
El trabajo ha sido coordinado por Jesús Cruz Villalón y en su elaboración han participado expertos de distintas universidades y centros de investigación nacionales e internacionales especializados en economía, sociología, derecho laboral y responsabilidad social corporativa.