(El Confidencial, 18-06-2026) | Fiscal
Las resoluciones judiciales contrarias a las Administraciones Públicas han supuesto un importante impacto para las cuentas públicas españolas. Según la última Opinión sobre riesgos fiscales elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las sentencias desfavorables han generado un coste acumulado de 14.432 millones de euros durante los dos últimos ejercicios, reflejando las consecuencias económicas derivadas de errores normativos y decisiones administrativas posteriormente corregidas por los tribunales.
Lejos de remitir, este riesgo continúa presente. La AIReF advierte de que existen numerosos procedimientos aún pendientes de resolución que podrían traducirse en nuevas devoluciones multimillonarias para el Estado. Entre ellos destaca especialmente el litigio relacionado con el Impuesto sobre Hidrocarburos, cuyo impacto potencial podría alcanzar los 6.500 millones de euros, según las estimaciones recogidas en la Cuenta General del Estado elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aunque el organismo considera improbable que se materialice el importe máximo previsto, subraya la elevada relevancia fiscal del procedimiento.
A esta contingencia se suman otros asuntos ya resueltos en contra de la Administración o con una elevada probabilidad de generar nuevos costes. Es el caso del bono social eléctrico, cuya factura para las arcas públicas supera ya los 913 millones de euros y continúa aumentando a medida que se resuelven nuevos recursos. También figura entre los expedientes más significativos el relacionado con el Impuesto sobre Actividades Económicas aplicado a operadores de telefonía móvil, cuyo coste podría situarse en torno a los 1.400 millones de euros.
Asimismo, el Estado ha sufrido recientemente un revés judicial en el conflicto derivado del proyecto de almacenamiento de gas Castor, tras perder un procedimiento frente a Enagás que obliga al pago de 255 millones de euros. A ello se añade la controversia relacionada con la desgravación fiscal del fondo de comercio en adquisiciones internacionales, cuyo impacto presupuestario podría hacerse especialmente visible a partir de 2026.
La lista de riesgos no termina ahí. España mantiene abiertos diversos litigios vinculados a la reducción de incentivos a las energías renovables, recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional por valor de 346 millones de euros y reclamaciones relacionadas con subvenciones denegadas por el Ministerio de Industria que suman otros 129 millones. También permanece pendiente la resolución de varios procedimientos vinculados a la liquidación de concesiones de autopistas de peaje, con reclamaciones que rondan los 1.800 millones de euros. En conjunto, la AIReF considera que el volumen de procedimientos en curso representa una amenaza significativa para la estabilidad presupuestaria y exige una mayor atención por parte de las administraciones responsables.
El organismo también pone el foco en una práctica habitual de las Administraciones: prolongar los litigios hasta las últimas instancias judiciales incluso en aquellos casos en los que las posibilidades de éxito son reducidas. Esta estrategia permite retrasar los pagos, pero suele incrementar notablemente la factura final debido al devengo de intereses. La AIReF destaca que actualmente no existe información suficientemente detallada que permita conocer qué parte del coste total de las sentencias corresponde precisamente a estos intereses.
Entre las resoluciones que más han impactado en las cuentas públicas durante los dos últimos años sobresale la devolución del IRPF a antiguos mutualistas, que ha supuesto cerca de 6.000 millones de euros. A ello se suma la declaración de inconstitucionalidad de determinados cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades en 2016, que obligó a devolver aproximadamente 3.000 millones de euros en 2024 y generó un coste adicional cercano a los 1.000 millones en 2025.
Ante esta situación, la AIReF reclama al Gobierno un esfuerzo adicional en materia de transparencia sobre los procedimientos judiciales abiertos y recomienda reforzar la calidad normativa para reducir el riesgo de futuras condenas. Entre sus propuestas figura la realización de consultas previas con organismos europeos cuando se planteen reformas especialmente sensibles, así como una evaluación más exhaustiva de aquellas medidas que ya hayan sido cuestionadas o anuladas en el pasado.
El organismo también considera necesario que el Ministerio de Hacienda disponga de mecanismos más ágiles para ejecutar las sentencias desfavorables y recomienda analizar con mayor rigor las probabilidades de éxito de cada litigio antes de prolongar los procedimientos judiciales. El objetivo sería corregir con rapidez las disposiciones susceptibles de ser anuladas y minimizar así el coste económico que finalmente recae sobre los contribuyentes.