(El Confidencial, 28-04-2025) | Laboral
El proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin recorte salarial será remitido al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, tras su aprobación definitiva prevista para el próximo martes en el Consejo de Ministros. Esta iniciativa ha generado un amplio debate tanto dentro del propio Gobierno como en el ámbito empresarial. Según fuentes del sector, no existe una mayoría parlamentaria clara que impida su tramitación, lo que se ha convertido en el principal objetivo de las organizaciones empresariales.
Tanto Foment del Treball como CEOE, junto con Pimec y Conpymes, se mantienen atentos. Desde que se aprobó el anteproyecto en febrero, han mantenido múltiples encuentros con los grupos parlamentarios para intentar detener su avance mediante una enmienda a la totalidad que devuelva el texto al Ejecutivo. Sin embargo, en el entorno empresarial se da casi por descartado que el PP promueva esta estrategia por iniciativa propia, y sus esperanzas se centran en que Junts la apoye en el último momento.
"Esto no puede salir adelante", insisten desde el ámbito empresarial. "Confiamos en que, al ser una medida tan perjudicial, recapaciten". Aunque Junts aún no ha fijado una postura definitiva, en Foment creen que el impacto en el pequeño comercio catalán podría hacerles cambiar de opinión, aunque también reconocen que la decisión dependerá más de factores políticos que del contenido de la ley.
Por otro lado, en Conpymes y Pimec hay empresarios más pesimistas que ya asumen que será difícil frenar el proceso legislativo. Consideran que los partidos no quieren arriesgarse a perder votos por una medida que goza de respaldo popular, y critican al PP por no adoptar una posición firme, lo que, en su opinión, disuade a Junts de presentar una enmienda a la totalidad. Esto dejaría el camino libre para que el proyecto pase a la Comisión de Trabajo.
En cualquier caso, que se inicie la tramitación no garantiza que la ley obtenga los apoyos necesarios para ser aprobada. Esta falta de respaldo parlamentario provocó tensiones internas en el Gobierno de coalición sobre si debía seguir negociando con la patronal, como proponía el ministro Carlos Cuerpo, o avanzar únicamente con el apoyo sindical. Finalmente, Yolanda Díaz impuso su criterio y logró mantener una propuesta ambiciosa, sin contemplar ayudas a empresas ni excepciones sectoriales.
En el ala socialista temen que la norma no logre superar las enmiendas a la totalidad, un temor que persiste ante la indefinición de Junts y la postura ambigua del PP. Empresarios aseguran que en sus reuniones con los populares no han percibido una voluntad clara de bloquear la tramitación, aunque la firme oposición de CEOE les complica la situación.
Desde el entorno de Pedro Sánchez se veía con buenos ojos un pacto previo con los empresarios que facilitara el apoyo del PP. En esta línea, el responsable económico del partido, Juan Bravo, declaró en TVE que están en contra de cualquier medida que no cuente con el acuerdo de patronal y sindicatos. Sin embargo, es la estrecha relación entre Junts y Foment del Treball lo que más preocupa al sector socialista, que ha centrado sus esfuerzos en lograr el respaldo de Carles Puigdemont. Aunque Yolanda Díaz mantiene contacto con él, todavía no han tratado este asunto en concreto. En Sumar confían en que avances en otros temas creen un clima favorable que permita una negociación de última hora. Están abiertos a introducir cambios mediante enmiendas parciales, pero creen que la reducción de jornada es una medida con amplio apoyo ciudadano, incluso entre votantes del PP y Vox, lo que hace difícil su rechazo.
El resultado ideal para los empresarios sería la devolución del texto al Gobierno y que las condiciones laborales se renegociaran a través de la negociación colectiva. Pero, dado que este escenario se aleja, ya se preparan para influir en el contenido de la ley mediante enmiendas al articulado que suavicen sus efectos. Aunque aún no han trascendido detalles específicos, algunas de las propuestas que podría aceptar la izquierda no convencen al empresariado.
El Gobierno se muestra dispuesto a incluir incentivos como bonificaciones por nuevas contrataciones o ayudas a pequeñas empresas a cambio de aplicar la reducción de jornada. Aunque estas medidas se debatieron en su momento, no se incorporaron al texto inicial por el rechazo de CEOE y Cepyme. Sin embargo, las patronales consideran que este tipo de ayudas son solo soluciones temporales frente al incremento estructural de los costes laborales que implicaría la medida.
Otro punto que podría negociarse son las excepciones para el sector agrícola en cuanto a la obligación de desconexión digital y el registro horario, tal como recomendó el Consejo Económico y Social en su informe, recogiendo las demandas de Asaja, COAG y UPA. Mientras tanto, desde la CEOE advierten que la incertidumbre sobre cuál será la jornada legal el próximo año está dificultando los acuerdos en la negociación colectiva, provocando una caída en la firma de convenios en comparación con años anteriores.