(El País, 18-10-2024) | Fiscal
El número de denuncias por fraude fiscal ha disminuido significativamente desde el máximo registrado en 2011. En ese año, los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) iniciaron más de mil casos tras detectar indicios de delitos, con un monto defraudado que superaba los 900 millones de euros. Desde entonces, las denuncias han ido disminuyendo progresivamente, y en 2022 -último año con datos disponibles- se iniciaron solo 184 procesos, lo que representa una caída del 82% desde el máximo histórico.
Para poner en contexto estos datos, antes de la crisis financiera, las denuncias anuales rondaban las 800, con cantidades defraudadas que superaban los 900 millones de euros. Sin embargo, tras el pico de 2011, el número de casos comenzó a disminuir, y en 2018 se redujo por primera vez por debajo de los 200 delitos al año, con montos entre 100 y 200 millones de euros. En 2022, aunque solo hubo 184 denuncias, el importe defraudado fue de 612 millones de euros, una cifra "extraordinaria", según la AEAT. Si se excluye esta cifra atípica, la tendencia muestra una reducción tanto en el número de denuncias como en el dinero defraudado. Algunos expertos, como Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, ven esto como algo positivo, mientras que otros, como José María Mollinedo, secretario general de Gestha, lo consideran preocupante, acusando a la AEAT de cierta pasividad en la lucha contra el fraude.
En España, el delito fiscal se configura con dos elementos: uno objetivo, que implica un fraude superior a 120.000 euros al año, y otro subjetivo, que exige dolo o intención de evadir. Para casos más graves, con fraudes superiores a 600.000 euros, las penas son más severas. No importa si el contribuyente es una persona o una empresa, ni el tipo de impuesto que se defrauda. El elemento subjetivo se observa en casos de facturas falsas, tramas con testaferros y estructuras complejas en países de baja tributación. Diego Martín-Abril, ex director general de Tributos y asesor en el despacho Gómez-Acebo & Pombo, valora que en España la distinción entre infracción tributaria y delito fiscal sea clara en términos cuantitativos. En otros países, no existen umbrales y el factor subjetivo predomina.
Las razones detrás de la caída de denuncias varían según los expertos. De la Torre destaca que es necesario un sistema sancionador, ya que los impuestos son una obligación legal sin contraprestación. Aunque las infracciones más graves deben perseguirse penalmente, señala que un sistema fiscal efectivo no debe depender solo de castigar los casos más graves, sino también de fomentar el cumplimiento por parte de los contribuyentes, incluso por miedo a ser denunciados. En su opinión, la reducción de delitos es positiva y refleja una mejor conciencia fiscal. También atribuye la tendencia a una mayor percepción del riesgo, al abandono de ciertas estrategias por parte de las grandes empresas y al incremento del intercambio de información entre países. Además, muchos denunciados prefieren llegar a acuerdos con Hacienda para evitar la vía penal. También recuerda que en los años de la burbuja inmobiliaria el fraude era mayor.
Por otro lado, Mollinedo sostiene que el cambio comenzó en 2010, cuando una reforma interna de la AEAT redujo la capacidad de los subinspectores para investigar y denunciar delitos, lo que disminuyó los recursos disponibles para luchar contra el fraude. Además, critica que muchas investigaciones ahora son parciales y no abarcan todo el impuesto o hecho imponible, lo que, a su juicio, ha empeorado los resultados. De la Torre concluye con una reflexión sobre la diferencia entre un error en los pagos de una empresa y las tramas más complejas que implican desvíos masivos de fondos públicos, que son más difíciles de perseguir. Por eso, en delitos menores, se suele optar por acuerdos. Sostiene que la Hacienda pública debe ser cuidadosa al recurrir a la vía penal.