(El Economista, 02-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
A finales de diciembre, cerca de 1,7 millones de hogares en situación de vulnerabilidad recibieron con alivio la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto-ley que prorrogaba durante todo 2026 las medidas del denominado escudo social. En el ámbito energético, la norma aseguraba el suministro de electricidad y agua y mantenía los descuentos vigentes del bono social eléctrico, del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Sin embargo, el rechazo del Pleno del Congreso el pasado martes, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts, ha devuelto a estas familias al escenario previo, marcado por una mayor incertidumbre y un notable encarecimiento de sus recibos.
El aumento de la factura se explica porque, al no prorrogarse los descuentos actuales, estos regresan a los niveles establecidos tras el fin de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania: un 35% para los consumidores vulnerables y un 50% para los vulnerables severos. Esto supone una reducción de 7,5 y 15 puntos porcentuales, respectivamente, frente a lo que contemplaba la propuesta que finalmente no salió adelante.
De acuerdo con las estimaciones de Papernest, esta rebaja en las ayudas se traducirá, para un hogar tipo -con una potencia contratada de 4 kW y un consumo mensual de 290 kWh-, en un incremento del recibo de la luz del 30% en el caso de los vulnerables y del 46% para los vulnerables severos.
Aunque la prórroga decayó en el Congreso junto al resto del decreto ómnibus, el Ejecutivo aún dispone de margen para recuperarla si opta por separar esta medida del conjunto y logra los apoyos parlamentarios necesarios para sacarla adelante. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el año 2025 cerró con 1.752.902 beneficiarios del bono social eléctrico. De ellos, el 47% correspondía a consumidores vulnerables (813.442), el 52% a vulnerables severos (904.700) y el 0,45% a hogares en riesgo de exclusión social (7.760).
En los últimos años, los descuentos asociados al bono social han experimentado importantes cambios en función del contexto económico. Inicialmente fijados en el 25% y el 40%, se elevaron hasta el 65% y el 80% como parte de la respuesta del Gobierno a la crisis energética, junto a medidas como la llamada Excepción Ibérica. En el verano de 2024 se inició un retorno gradual a niveles más habituales, situándolos en el 35% y el 40%. No obstante, durante las Navidades de ese mismo año se decidió ampliar temporalmente la protección: el descuento para los consumidores vulnerables se estableció en el 50% durante el primer semestre, en el 42,5% en la segunda mitad del año y en el 35% a partir de 2026. Un esquema similar se aplicó a los vulnerables severos, que disfrutaron de rebajas del 65% en el primer semestre, del 57,5% en el segundo y del 50% desde 2026.