(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros que deberán financiar conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas durante los próximos cinco años, ha sido recibida con reservas por numerosos actores del sector. Aunque el programa busca ampliar la oferta de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación del parque residencial y reforzar las ayudas al alquiler y a la compra para los jóvenes, persisten las dudas sobre su capacidad para responder a un problema estructural que sigue agravándose. La insuficiencia de recursos y la pretensión de que las autonomías asuman el 40% de la financiación alimentan el escepticismo, especialmente en un contexto en el que el déficit de viviendas podría aproximarse al millón de unidades este mismo año.
Ante esta situación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, remitió una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana poco después de la aprobación del plan. En ella reclamaba la posibilidad de utilizar cerca de 23.000 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería acumulados durante los últimos ejercicios para desarrollar políticas de vivienda. Según su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, el nuevo plan supone un avance respecto a los anteriores, pero continúa siendo insuficiente para afrontar la magnitud del desafío.
Esta cantidad se añadiría a los 45.000 millones de euros de superávit correspondientes a 2024 cuyo uso autorizó el Gobierno para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre las que se incluyen actuaciones destinadas a aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. Sin embargo, desde la FEMP consideran que el plazo fijado para ejecutar estos recursos, hasta 2027, resulta demasiado limitado para desarrollar proyectos residenciales de cierta envergadura. Por ello, solicitan una regulación más flexible que permita ejecutar estas inversiones en horizontes temporales más amplios. A su juicio, levantar una promoción de viviendas requiere plazos superiores a uno o dos años para poder materializar adecuadamente los fondos disponibles.
La federación recuerda además que las entidades locales presentan una situación financiera especialmente sólida, con la mayoría de los ayuntamientos cerrando sus cuentas con superávit. Esta circunstancia, sostienen, convierte al ámbito municipal en un actor clave para impulsar la construcción de vivienda pública y aumentar la oferta residencial.
Con el objetivo de acelerar estos procesos, la FEMP ha elaborado una guía de recomendaciones dirigida a las administraciones locales para agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los tiempos de tramitación. El documento identifica varios factores que están ralentizando la concesión de licencias, llegando en algunos casos a prolongar los plazos hasta dos años. Entre ellos figuran la presentación de documentación incompleta por parte de los promotores, los retrasos en la emisión de informes sectoriales por otras administraciones, la falta de criterios homogéneos entre los técnicos municipales y un nivel insuficiente de digitalización de los procedimientos.
Para corregir estas deficiencias, la guía apuesta por reforzar la formación y especialización de los técnicos municipales con el fin de homogeneizar criterios y aportar mayor seguridad jurídica a los promotores. También propone avanzar hacia una gestión completamente digital de los expedientes, incorporando sistemas automatizados de validación documental y herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar errores de forma anticipada, permitiendo que los funcionarios concentren su trabajo en tareas de mayor complejidad técnica y jurídica.
Entre las medidas planteadas destaca la implantación de una licencia básica que permita iniciar determinadas actuaciones constructivas a partir de un proyecto preliminar que cumpla los requisitos esenciales. De esta manera, las obras podrían comenzar mientras continúa la tramitación del proyecto definitivo. Como referencia, la FEMP señala la experiencia de Zaragoza, donde existe una modalidad de autorización rápida que permite ejecutar trabajos previos, como movimientos de tierras o cimentaciones, en un plazo de apenas 24 horas.
La propuesta también contempla cambios en la organización interna de los ayuntamientos. Entre ellos figura la creación de un responsable de expediente encargado de coordinar todas las áreas implicadas en cada promoción para evitar bloqueos administrativos. Asimismo, plantea la constitución de comisiones técnicas con capacidad para emitir directrices vinculantes que unifiquen la interpretación de la normativa y reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones.
Por último, la federación considera conveniente establecer incentivos vinculados a la productividad de los técnicos municipales, de forma que parte de sus complementos salariales dependa del volumen de informes y expedientes tramitados, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales.