(La Razón, 24-02-2026) | Fiscal
La brecha fiscal entre trabajadores asalariados y autónomos continúa siendo significativa en España. Según la asociación de autónomos Uatae, un profesional por cuenta propia puede disponer de hasta 2.500 euros menos al año que un empleado con ingresos equivalentes debido a las diferencias en las reducciones aplicables en el IRPF. En un informe sobre desigualdad tributaria, la organización denuncia que la reducción prevista para los rendimientos de actividades económicas no está equiparada a la de los rendimientos del trabajo ni en cuantía ni en requisitos, lo que obliga a los autónomos a cumplir condiciones adicionales que no se exigen a los asalariados. Su secretaria general, María José Landaburu, subraya que el sistema no debería penalizar la forma de trabajar y reclama igualdad de trato fiscal para quienes obtienen los mismos ingresos.
El estudio señala que los empleados cuyos rendimientos netos del trabajo no superan los 19.747,50 euros anuales pueden aplicar una reducción de hasta 7.302 euros, siempre que no perciban otros ingresos -exentos aparte- superiores a 6.500 euros. En cambio, los ingresos de los autónomos se consideran rendimientos de actividades económicas, por lo que no pueden acogerse a esa reducción y deben aplicar otra que, aunque aparentemente similar, resulta claramente menos favorable: como máximo, 6.498 euros.
Además, los requisitos para acceder a cada beneficio fiscal difieren notablemente. Para los asalariados basta con no superar determinados ingresos adicionales, mientras que los autónomos deben cumplir condiciones más estrictas, como que al menos el 75% de su facturación esté sujeta a retención o que sus gastos deducibles no excedan del 30% de los ingresos íntegros. Uatae considera que estas exigencias no responden a la capacidad económica real del contribuyente, sino a la naturaleza de su actividad, lo que perjudica especialmente a quienes tienen rentas más bajas.
Ante esta situación, la organización propone reformar el sistema de retenciones y pagos fraccionados para ajustarlo a los ingresos reales del colectivo, implantando tipos variables similares a los de las nóminas y evitando que los autónomos adelanten cantidades que luego se les devuelven. También reclama poder aplazar o dividir los impuestos trimestrales sin recargos ni intereses, establecer un régimen de franquicia de IVA para pequeños negocios -que les exima de repercutir y declarar el impuesto por debajo de cierto nivel de facturación-, reforzar las medidas contra la morosidad y clarificar las normas sobre deducción de gastos. Con ello, persiguen un marco fiscal que garantice mayor liquidez, estabilidad y equidad para el trabajo por cuenta propia.