(El Economista, 03-11-2026) | Laboral
La pobreza entre la población asalariada ha aumentado en España durante los últimos años, pese a la mejora general de los indicadores de riesgo de exclusión social. El número de trabajadores por cuenta ajena que no pueden afrontar gastos básicos, como mantener la vivienda a una temperatura adecuada, hacer frente a un imprevisto o pagar puntualmente el alquiler, se ha duplicado desde 2019 y supera ya el millón de personas.
Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida, utilizada por Eurostat para medir la pobreza en los países de la Unión Europea. Esta estadística identifica como situación de carencia material y social severa aquella en la que una persona no puede permitirse al menos siete de los trece gastos considerados básicos, entre ellos consumir carne o pescado cada dos días, renovar la ropa deteriorada o mantener encuentros sociales al menos una vez al mes. En 2019, esta situación afectaba a 591.000 asalariados, el 3,6% del total. En 2025, la cifra ha ascendido a 1,25 millones, equivalente al 6,9%. En el conjunto de la Unión Europea, el indicador apenas ha variado durante el mismo periodo, al pasar del 3,3% al 3,7%.
La carencia material severa constituye uno de los tres factores que determinan el riesgo de pobreza o exclusión social, junto con disponer de unos ingresos familiares inferiores al 60% de la renta mediana y residir en un hogar con una intensidad laboral muy baja. Estos tres elementos conforman la tasa AROPE, utilizada por las instituciones europeas para evaluar la situación social de los Estados miembros. Entre los trabajadores asalariados españoles, este indicador ha pasado del 12,7% en 2015 al 14,8% en 2025, su nivel más elevado desde que existen registros, después de aumentar casi un punto en el último ejercicio. La evolución contrasta con la del conjunto de la población de entre 18 y 64 años, cuya tasa ha descendido del 31,3% al 25,5%.
En términos absolutos, los trabajadores asalariados en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzan los 2,69 millones, unos 928.000 más que en 2015. El incremento responde tanto al aumento del número de personas ocupadas por cuenta ajena como al empeoramiento de su situación relativa. Si la tasa se hubiera mantenido en el 12,7% registrado hace una década, el crecimiento del colectivo habría sido de aproximadamente 550.000 personas. Los 380.000 restantes se explican por el aumento del porcentaje de asalariados afectados.
La evolución de los tres componentes de la tasa AROPE muestra que el deterioro no se debe principalmente a una caída de los ingresos respecto al umbral de pobreza. De hecho, el porcentaje de asalariados que viven en hogares con rentas inferiores al 60% de la mediana ha disminuido del 11,4% en 2019 al 9,6% actual. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que sufren carencia material severa dispone de ingresos superiores a ese límite. Las estimaciones realizadas a partir de los datos de Eurostat sitúan entre 870.000 y 950.000 el número de asalariados en esta situación, lo que representa entre el 70% y el 75% del total. En 2019, esa proporción se encontraba entre el 36% y el 50%.
Esta aparente contradicción se explica por la diferente metodología de ambos indicadores. El umbral de pobreza se calcula tomando como referencia el 60% de la renta mediana, por lo que aumenta cuando crecen los ingresos generales de la población, aunque los hogares con menos recursos no experimenten una mejora equivalente de su capacidad adquisitiva. La carencia material, por el contrario, refleja directamente la posibilidad de afrontar determinados gastos teniendo en cuenta los precios vigentes en cada momento.
Un fenómeno similar se produjo durante la crisis financiera, cuando la caída generalizada de las rentas redujo también el umbral de pobreza. Como consecuencia, el porcentaje de asalariados con ingresos inferiores a ese límite llegó a bajar hasta el 8,3% en 2013, en pleno proceso de destrucción de empleo, y no volvió a aumentar hasta el año siguiente.
El encarecimiento del coste de la vida aparece como uno de los principales factores que explican el aumento de las dificultades económicas de los trabajadores. El primer deterioro significativo se produjo en 2020, durante la pandemia, cuando la proporción de asalariados que no podían cubrir los gastos básicos alcanzó el 5,5%. Posteriormente, la fuerte inflación de 2022 volvió a elevar el indicador, que llegó al 6,8% en 2023. Desde entonces se ha mantenido en una horquilla de entre el 6,5% y el 6,9%. No obstante, los datos disponibles no permiten determinar con exactitud qué parte del incremento responde al encarecimiento de los precios ni identificar cuáles son los gastos que estos hogares han dejado de poder asumir.
La evolución española también contrasta con la de otros países europeos. En 2015, España ocupaba la decimocuarta posición de la Unión Europea en carencia material severa entre los asalariados y registraba una tasa inferior a la media comunitaria, que entonces se situaba en el 5,1%. Una década después, ha pasado a ocupar el tercer puesto, únicamente por detrás de Grecia, con un 9,2%, y Bulgaria, con un 8,2%. La proporción española prácticamente duplica la media europea.
En cambio, Italia y Portugal han conseguido reducir considerablemente sus niveles de carencia entre los trabajadores. La tasa italiana ha descendido del 7,7% al 3,1%, mientras que la portuguesa ha pasado del 6,4% al 2,2%. Entre las principales economías europeas, Alemania también ha registrado un empeoramiento desde 2019, al elevarse su indicador del 1,2% al 3,6%, aunque permanece muy por debajo del español. Francia presenta una tasa del 3,9%.