(El Confidencial, 17-06-2026) | Laboral
La futura pasarela que permitirá a los mutualistas trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social para mejorar su pensión ha superado un importante trámite parlamentario, pero todavía genera incertidumbre entre los colectivos afectados debido a que aspectos clave de su aplicación quedan pendientes del desarrollo reglamentario que deberá aprobar el Gobierno.
La proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio incorpora cambios relevantes respecto al planteamiento inicial del Ejecutivo gracias a una enmienda impulsada por el Partido Popular. Entre las principales novedades destaca la eliminación de las restricciones que impedían acogerse a la pasarela a los mutualistas ya jubilados y a quienes acumulan más de 15 años de cotización en la Seguridad Social.
Además, el texto aprobado elimina la referencia expresa al coeficiente de conversión del 0,77 que figuraba en versiones anteriores y deja la definición de este parámetro en manos del futuro reglamento. Este aspecto es especialmente sensible porque el coeficiente determinará cuántos años o qué volumen de cotización se reconocerá a quienes decidan incorporarse al sistema público.
Las asociaciones de mutualistas valoran positivamente los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria, ya que consideran que amplían considerablemente el alcance de la medida. Sin embargo, también muestran preocupación porque la ley delega en el Gobierno la regulación de cuestiones fundamentales para determinar quién podrá acogerse finalmente al sistema y en qué condiciones.
Una de las principales inquietudes radica en que la norma no establece ningún plazo concreto para aprobar el reglamento de desarrollo. Esto implica que, aunque la ley entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la pasarela no podrá aplicarse de forma efectiva hasta que se apruebe esa regulación complementaria.
Desde las organizaciones representativas de abogados y procuradores se teme que el Ejecutivo pueda introducir criterios técnicos o financieros que reduzcan el alcance práctico de la reforma. Entre las dudas planteadas figura la posibilidad de que se establezcan fórmulas de cálculo menos favorables para los mutualistas o que se limiten los periodos computables para determinar las futuras prestaciones.
El origen de esta preocupación se encuentra en la posición mantenida previamente por el Gobierno durante la tramitación parlamentaria. El Ejecutivo vetó inicialmente varias propuestas que ampliaban el acceso a la pasarela argumentando su elevado coste para las cuentas públicas. Según sus estimaciones, permitir el acceso a mutualistas con más de 15 años cotizados en la Seguridad Social supondría incorporar a unos 47.000 nuevos beneficiarios y tendría un impacto económico superior a los 5.200 millones de euros.
Las asociaciones profesionales sostienen, por el contrario, que la medida no debe interpretarse como un privilegio para determinados colectivos, sino como una solución destinada a corregir situaciones en las que las prestaciones obtenidas a través de las mutualidades resultan insuficientes para garantizar una protección adecuada durante la jubilación.
El texto legal aprobado presenta una redacción amplia al referirse a los profesionales colegiados que estén o hayan estado integrados en una mutualidad alternativa, lo que, según la interpretación de los representantes de los mutualistas, permitiría incluir a colectivos que inicialmente habían quedado excluidos. No obstante, la falta de concreción sobre aspectos esenciales mantiene abierto el debate.
La tramitación parlamentaria aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por el Senado antes de regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Durante esta fase, las asociaciones intentarán reforzar las garantías legales para evitar que el futuro reglamento limite el alcance de una reforma que consideran fundamental para mejorar las pensiones de miles de profesionales adscritos históricamente a mutualidades alternativas.