(El Periódico, 30-01-2025) | Laboral
Realizar prácticas en una empresa contribuye al desarrollo de competencias y habilidades en los universitarios, aumentando significativamente sus posibilidades de inserción laboral. De acuerdo con estudios de la Fundación Universidad Empresa (FUE), el 87% de los estudiantes que completan sus prácticas académicas logran un contrato o participan en procesos de selección al finalizar su formación. Estas prácticas pueden ser curriculares, si forman parte del plan de estudios y son obligatorias, o extracurriculares.
En medio del debate sobre el futuro Estatuto del Becario, con el que el Ministerio de Trabajo busca regular la jornada de los estudiantes y garantizarles una ayuda para cubrir gastos de transporte y alimentación, la Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) presentó en Madrid el Libro Blanco de las Prácticas.
El documento recuerda que las prácticas académicas están reguladas desde los años 80 y son supervisadas por las universidades. Desde enero de 2024, los estudiantes en prácticas están dados de alta en la Seguridad Social, aunque la retribución económica por parte de las empresas o entidades públicas que los acogen sigue siendo opcional. Tampoco es obligatorio compensar los gastos de transporte y comida.
Por otro lado, en la Formación Dual Universitaria (FDU), un modelo relativamente reciente en España, la remuneración de los estudiantes en prácticas es obligatoria mediante contrato. Actualmente, el 37% de las universidades españolas ofrecen alguna titulación bajo esta modalidad, extendida en 11 comunidades autónomas, destacando Euskadi y Andalucía como referentes.
El Libro Blanco, elaborado con la colaboración de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la patronal CEOE, enfatiza que las prácticas son una herramienta clave en la formación universitaria. Según sus autores, estas experiencias permiten a los estudiantes desarrollar competencias esenciales para su futuro profesional, mejorar su empleabilidad y potenciar su espíritu emprendedor. Además, el informe señala que los alumnos que realizan prácticas tienen cuatro puntos más de probabilidad de encontrar empleo en menos de seis meses tras graduarse y presentan un menor riesgo de desempleo a los cuatro años.
El futuro Estatuto del Becario introducirá sanciones para aquellas empresas o entidades públicas que abusen del sistema de prácticas. También establecerá un límite en el número de horas que un estudiante puede dedicar a estas experiencias cada año y exigirá que los gastos derivados, como transporte, alojamiento o materiales, sean compensados.
Antes de que la normativa entre en vigor -lo que requiere la aprobación del Consejo de Ministros-, REDFUE ha publicado el Libro Blanco para clarificar qué se considera una práctica y qué no. En este sentido, el documento diferencia entre becarios y estudiantes en prácticas. Los becarios reciben una ayuda económica para su desarrollo académico o profesional, mientras que las prácticas académicas, sean curriculares o extracurriculares, tienen un enfoque más formativo que laboral.
Asimismo, se consideran prácticas académicas las estancias formativas, que combinan teoría y práctica como parte esencial del currículo, un modelo presente en la FP Dual y la Formación Dual Universitaria. Sin embargo, las prácticas no laborales, los voluntariados, las becas de investigación, los contratos predoctorales y los contratos formativos no entran dentro de esta categoría.
Los autores del informe destacan que las prácticas no solo favorecen a los estudiantes, sino también a las empresas, que encuentran en ellas una vía de acceso al talento joven, fortalecen su imagen como empleadores y fomentan la innovación. Las universidades, por su parte, refuerzan su conexión con el mercado laboral, actualizan sus planes de estudio y ajustan sus programas a las necesidades reales del sector profesional.
El Libro Blanco subraya la importancia de integrar las prácticas como un componente fundamental del currículo universitario, promoviendo la colaboración entre universidades, empresas y entidades públicas para diseñar programas formativos adecuados. También resalta la necesidad de implementar un sistema de evaluación estructurado basado en competencias, certificar y formar a los tutores académicos y empresariales, y garantizar un seguimiento continuo del estudiante.
Para asegurar que las prácticas sean experiencias formativas de calidad, los autores del informe proponen establecer límites claros en los convenios sobre las tareas que los estudiantes pueden desempeñar y garantizar que estas actividades se centren en su aprendizaje y desarrollo profesional.