(Expansión, 03-05-2024) | Fiscal
Los recién establecidos límites de déficit y deuda pública obligarán al Gobierno a presentar ante la UE un plan de ajustes en septiembre, lo que reduce su capacidad para aumentar el techo de gasto, requiere mayores ingresos y podría demorar la aprobación del Presupuesto. Después de descartar la renuncia voluntaria del presidente, quien ha pasado cinco días reflexionando sobre el tema, el momento clave que determinará el rumbo de la legislatura y la permanencia de Pedro Sánchez al frente del Gobierno será su habilidad para aprobar los Presupuestos Generales de 2025.
Dada la situación de minoría parlamentaria del Ejecutivo de coalición, su aprobación dependerá de satisfacer a los partidos que lo invistieron con un proyecto presupuestario, aunque Hacienda ha visto reducido su margen de maniobra debido a las nuevas reglas fiscales que entraron en vigor esta semana. Los nuevos límites de déficit y deuda ya han llevado al Gobierno a comprometerse con un aumento de la presión fiscal para 2025, mientras que restringirán su capacidad para incrementar el techo de gasto y lo obligarán a presentar un plan de ajustes en septiembre, lo que podría retrasar la elaboración del proyecto presupuestario.
Al inicio de la legislatura, el Gobierno había anunciado que impulsaría un proyecto presupuestario extraordinario para 2024, el cual aumentaría el límite de gasto no financiero a 199.120 millones de euros, lo que representaría un incremento de recursos nacionales del 9,3%, hasta alcanzar los 189.215 millones, excluyendo los fondos europeos. Sin embargo, la convocatoria anticipada de elecciones catalanas para el 12 de mayo llevó al Ejecutivo a abandonar sus planes y reservarse para el proyecto presupuestario de 2025. Sin embargo, la llegada de las nuevas reglas fiscales dificultará retomar ese aumento de gasto de 16.000 millones.
El nuevo marco de gobernanza europea ha sido moldeado por la presión combinada de los países que priorizan la disciplina presupuestaria y aquellos que buscan preservar el crecimiento económico y las inversiones estratégicas. Como resultado, las nuevas reglas fiscales mantienen los límites tradicionales de déficit, fijados en el 3% del PIB, y de deuda, en el 60%, establecidos en los tratados comunitarios, pero permiten que los países desarrollen planes de consolidación personalizados. Aquellos que superen los umbrales permitidos tendrán hasta el 20 de septiembre de este año para presentar un plan de ajustes plurianual, con una duración de cuatro años, ampliables a siete si incluyen reformas estructurales, que garantice una reducción de la deuda en un horizonte de diez años desde su implementación.
Los países contarán con una trayectoria de referencia establecida por la Comisión Europea sobre sus límites de gasto. Además, Alemania logró incluir salvaguardas de ajuste común que estipulan que los países con exceso de déficit deben tomar medidas para reducirlo al 1,5%, y requieren una reducción de un punto porcentual anual de la deuda cuando esta supere el 90%, o de medio punto si se sitúa entre el 60% y dicho umbral.
En el caso de España (actualmente con un déficit del 3,6% y una deuda del 107,7% del PIB), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el plan a presentar en septiembre deberá garantizar un ajuste de 0,63 puntos porcentuales del PIB al año durante el período 2025-2028 (un total de 2,52 puntos), o, en caso de optar por un período de siete años, un ajuste de 0,43 puntos porcentuales anuales entre 2025 y 2031 (un total acumulado de 3,01 puntos). Por su parte, el Banco de España calcula que el ajuste a siete años será de medio punto porcentual del PIB al año. Esto significa que el Gobierno deberá proponer medidas para reducir el gasto e incrementar los ingresos en un rango de entre 6.000 y 9.000 millones de euros anuales.
Así, aunque normalmente el Ministerio de Hacienda debería comenzar la elaboración del presupuesto en julio, estableciendo el techo de gasto para el próximo año y la senda fiscal, los planes del Gobierno podrían verse obstaculizados por el acuerdo plurianual a negociar con la Unión Europea en septiembre, lo que podría retrasar la elaboración definitiva del proyecto presupuestario.
Las nuevas reglas fiscales comunitarias entraron en vigor el pasado martes tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, justo a tiempo para evitar que los Estados miembros tuvieran que enviar el tradicional Programa de Estabilidad. Sin embargo, España optó por enviar voluntariamente un documento de actualización de sus previsiones fiscales y económicas de unas quince páginas, en lugar de las 125 de la edición anterior. A pesar de ello, el Gobierno aprovechó el documento para comprometerse ante Bruselas a aumentar los ingresos públicos como porcentaje del PIB, pasando del 42,6% en 2024 al 42,9% en 2025, principalmente mediante el aumento de los impuestos directos y las cotizaciones sociales.
A partir de ahí, queda por ver si Hacienda se verá obligada a implementar nuevas medidas impositivas en el marco de la reforma fiscal acordada con la Unión Europea a cambio del quinto desembolso de fondos Next Generation. El Gobierno, que también ha revisado al alza en una décima el crecimiento del PIB para 2025, situándolo en el 1,9%, estima que el gasto público disminuirá del 45,6% al 45,4% del PIB, lo que le permitirá intensificar su compromiso de reducir el déficit al 2,5% para 2025.