(Expansión, 19-11-2026) | Laboral
Unos 130.000 empleados públicos destinados en territorios extrapeninsulares, como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, percibirán hasta 50 euros más al mes por el complemento de residencia a partir de enero de 2027. El incremento, aprobado por el Gobierno, será del 4,5%, en línea con la revalorización salarial prevista para el conjunto de los trabajadores del sector público. Además, continúa pendiente la actualización de las dietas y los gastos de kilometraje, cuya revisión debería completarse antes de finalizar este año.
La subida del complemento de residencia se suma al aumento de las retribuciones generales de los empleados públicos y beneficiará a quienes trabajan en destinos con condiciones geográficas especiales o afectados por la insularidad. Las cuantías mensuales de esta indemnización pasarán a situarse entre 33 y 1.152 euros brutos, dependiendo del lugar de destino y de la categoría profesional.
El Real Decreto-ley 37/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre y en vigor desde el día siguiente, recoge tanto el incremento retributivo general del 4,5% previsto para 2027 como la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal. La medida se enmarca en el acuerdo plurianual alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF.
Esta actualización también constituye una referencia para las administraciones autonómicas y locales, que deberán adaptar sus correspondientes compensaciones por insularidad y destino especial. En este ámbito, cabe recordar que el pasado julio se aprobó la equiparación del complemento de residencia del personal estatal destinado en Baleares con el establecido para Canarias.
Sin embargo, la revisión de las indemnizaciones por residencia no supone que también se hayan actualizado automáticamente las compensaciones por razón del servicio. El Gobierno mantiene pendiente la modificación de las dietas y los gastos de desplazamiento y kilometraje que perciben los empleados públicos cuando viajan por motivos laborales, con independencia de su lugar de residencia o destino. Los trámites para revisar estas cantidades continúan abiertos y el objetivo es que la actualización pueda aprobarse antes del 31 de diciembre de 2026.
Ambos conceptos responden a finalidades diferentes. La indemnización por residencia pretende compensar los sobrecostes asociados a trabajar en determinados territorios, mientras que las indemnizaciones por razón del servicio cubren los gastos extraordinarios ocasionados por desplazamientos vinculados al desempeño de funciones públicas. Estas últimas están reguladas por el Real Decreto 462/2002 e incluyen dietas de manutención, alojamiento, transporte y otros gastos derivados de comisiones de servicio o traslados.
Frente al incremento salarial general, que afecta a unos 3,5 millones de empleados públicos, la subida del complemento de residencia se dirige a un colectivo mucho más reducido, estimado en aproximadamente 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otros servicios públicos. Entre los territorios incluidos figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. También existen complementos específicos para el personal destinado en el extranjero, aunque sus condiciones económicas se regulan mediante disposiciones propias del servicio exterior y no se corresponden directamente con las indemnizaciones por residencia aplicables a los destinos dentro de España.
El Ejecutivo ya había anunciado en septiembre su intención de revisar estas compensaciones en el marco del diálogo con los sindicatos. La aprobación del incremento del 4,5% para las indemnizaciones por residencia supone un primer avance, aunque las organizaciones sindicales insisten en que también debe materializarse la actualización de las compensaciones por desplazamiento.
CSIF ha reclamado que ambas revisiones estén aprobadas antes de que termine 2026, tal como recoge el acuerdo marco. El sindicato considera que la medida resulta especialmente necesaria ante las dificultades que afrontan algunos empleados públicos para mantener sus destinos, debido al elevado coste de la vivienda en determinados territorios. Según la organización, esta situación está llevando incluso a algunos trabajadores a renunciar a sus plazas. El Ministerio trasladó su voluntad de cumplir el calendario previsto.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya había confirmado en septiembre que el Gobierno abordaría la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio para el conjunto del personal estatal. Sus declaraciones se produjeron después de que en julio se aprobara la revisión del complemento de residencia de 11.176 empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares, con el objetivo de equiparar sus condiciones a las del personal destinado en Canarias.
Desde el punto de vista retributivo, el complemento de residencia tiene naturaleza indemnizatoria y no forma parte del salario base ni de las pagas extraordinarias. Su importe está vinculado al destino geográfico y la subida aprobada del 4,5% se aplicará directamente a las cuantías correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que servirá de referencia para las actualizaciones que deban realizar las comunidades autónomas y las entidades locales.