(El Economista, 17-02-2026) | Laboral
El aumento sostenido de las bajas laborales por incapacidad temporal en los últimos años, junto con el coste que conllevan, ha provocado que los ingresos que perciben las mutuas por contingencias comunes resulten insuficientes para financiar las prestaciones. En 2024, según datos conocidos por elEconomista.es, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social registraron un déficit cercano a los 1.700 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha al sumar todas las comunidades autónomas.
Fuentes del sector explican que desde 2015 el gasto en incapacidad temporal supera lo recaudado por las cotizaciones destinadas a contingencias comunes -las que cubren las bajas por enfermedad común o accidentes no laborales-. Desde entonces, el desfase no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 1.697 millones en 2024, último ejercicio con datos consolidados. Aunque las cifras de 2025 aún no están cerradas, ya se detecta un aumento interanual del déficit.
La Ley General de la Seguridad Social establece que, cuando se producen pérdidas, cada mutua debe recurrir primero a su fondo de reserva específico para contingencias comunes. Si este se agota, puede utilizar una reserva complementaria y, en última instancia, el fondo destinado a contingencias profesionales. Según las fuentes consultadas, actualmente muchas mutuas ya están empleando este último recurso, de modo que los ingresos pensados para cubrir accidentes laborales están compensando el incremento del gasto por bajas médicas comunes.
El pago de la prestación por incapacidad temporal se reparte entre empresa, mutua y sistema público. Durante los tres primeros días de baja el trabajador no percibe salario -salvo mejoras establecidas por convenio-; entre el cuarto y el decimoquinto día la empresa abona al menos el 60% del sueldo; y a partir del día 16 la prestación corre a cargo de la mutua o del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según quién cubra a la empresa. En cualquier caso, los fondos proceden de las cotizaciones sociales.
En 2024, las mutuas protegían a unos 15,85 millones de trabajadores, aproximadamente el 78% del total, según la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT). Ese año, junto con la Seguridad Social, destinaron unos 15.000 millones de euros a estas prestaciones, cifra que podría alcanzar los 16.787 millones al cierre de 2025. De ese total, las mutuas asumieron cerca de 9.942 millones, mientras que el INSS aportó 5.072 millones.
La frecuencia de estos procesos también ha aumentado. A finales de 2024 se registraban 36,47 bajas por cada 1.000 trabajadores en el ámbito de las mutuas y 35,98 en el sistema general. Sin embargo, el incremento resulta mucho más acusado si se compara con la etapa previa a la pandemia: según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la incidencia ha crecido alrededor de un 60% desde 2017.
Ante esta situación, la patronal reclama desde hace tiempo ampliar las competencias de las mutuas -entidades privadas de empresarios que colaboran con el sistema público y están vinculadas a la CEOE-. La directora de Empleo de la organización empresarial, Rosa Santos, insistió recientemente en permitir que estas entidades puedan emitir altas médicas para acortar los plazos de las bajas.
Por ahora, el Ministerio de Seguridad Social dirigido por Elma Saiz solo contempla que las mutuas puedan dar el alta en casos de accidentes laborales cuando la incapacidad supere los 365 días, es decir, en procesos de contingencias profesionales de larga duración. Otra propuesta del Gobierno es reforzar su participación en la gestión de estas entidades, incorporando dos representantes de la Administración a sus órganos de gobierno.