(El Periódico, 10-06-2025) | Laboral
En un contexto donde las bajas laborales por motivos de salud están aumentando y el coste conjunto para la Seguridad Social y las empresas ya ronda los 30.000 millones de euros anuales, tanto compañías como mutuas están destinando cada vez más recursos a investigar posibles fraudes por parte de empleados que se encuentran de baja médica. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un millón de trabajadores -aproximadamente el 4,1% del total- se ausentan semanalmente del trabajo por enfermedad.
Aunque no existen cifras precisas sobre cuántos de estos casos podrían ser fraudulentos, sí se sabe que las mutuas y las empresas están intensificando el uso de detectives privados, una figura aún poco conocida que opera en el delicado equilibrio entre los intereses empresariales y el respeto a la privacidad de los trabajadores.
Durante el año 2024, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social destinaron 3,6 millones de euros a contratar servicios de investigación privada para seguir a empleados de baja por todo el país. Así lo reflejan los contratos públicos recogidos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, revisados uno a uno para esta información.
Los casos concretos citados al inicio de este reportaje son reales y se encuentran documentados en resoluciones judiciales. En algunos de ellos, las pruebas reunidas por los investigadores resultaron clave para suspender la prestación o justificar un despido. En otros, las pruebas fueron insuficientes o incluso desestimadas por los jueces si se consideró que los detectives habían sobrepasado sus funciones. Además, algunas empresas recurren a estos servicios para comprobar si los empleados hacen un uso correcto de las adaptaciones de jornada por cuidados familiares o si quienes teletrabajan incumplen su jornada, por ejemplo, realizando gestiones personales.
"Nosotros no juzgamos, solo observamos", explican desde Adchase, la agencia que lideró la contratación pública de mutuas en 2024, con un volumen de más de 606.000 euros. Según detallan, cada mes vigilan a entre 100 y 150 empleados.
Las mutuas o las empresas proporcionan a los detectives un nombre, dirección y pautas específicas a observar, pero nunca el diagnóstico médico exacto por motivos de protección de datos. "Nos piden que observemos si levantan peso, si conducen, si hacen ejercicio, si acuden a eventos o si llevan la muleta que se supone deben usar... o incluso si continúan trabajando mientras están oficialmente de baja", detallan desde la agencia.
"No es raro encontrarnos con personas realmente enfermas, pero también hay muchos casos de picaresca", afirma Juan Carlos Delgado, gerente de Detectib, la segunda firma que más contratos recibió en 2024 a través de Intelligentia Pro Justitia S.L., con más de medio millón de euros. "Este año hemos incrementado más de un 35% nuestra facturación sumando clientes privados y mutuas", señala.
Las técnicas que utilizan estas agencias de detectives se dividen principalmente en dos métodos: la vigilancia directa y el seguimiento del trabajador en su vida diaria. Delgado explica que normalmente se realiza un seguimiento de dos o tres días para obtener una visión global de la rutina del empleado. Cada día de vigilancia cuesta alrededor de 600 euros a la empresa. Además, algunas mutuas ofrecen un incentivo mayor si se descubre fraude en comparación con cuando se confirma que la baja es legítima.
"Eso va en contra del principio de objetividad", critican desde Adchase. "Las mutuas se guían mucho por el interés económico", añade Delgado. A pesar de que ambas agencias reconocen que esta práctica no es legal, este medio ha accedido a contratos públicos donde se estipula que una "inspección positiva", es decir, cuando se detecta un fraude, se paga hasta tres veces más que una negativa.
Cuando se detecta un caso de fraude, los perfiles son variados. "Tenemos al trabajador que simplemente no quiere trabajar, finge una dolencia y pasa el día en casa, saliendo solo a pasear al perro o a hacer compras. Este tipo es difícil de probar", señalan desde Detectib.
"Luego están los que aprovechan la baja para trabajar en negro. Suelen tener empleos poco cualificados, como camareros, y reciben un salario no declarado además del subsidio. Estos casos son más fáciles de documentar". También mencionan a quienes simulan estar enfermos para estudiar oposiciones, buscar otro empleo o vengarse del jefe si consideran que han sido maltratados laboralmente.
Cuando la vigilancia exterior no proporciona pruebas suficientes, algunos detectives optan por infiltrarse. Desde Adchase explican que, por ejemplo, se hicieron pasar por clientas interesadas en contratar a un entrenador personal que, estando de baja, seguía ofreciendo servicios sin declararlos. También cuentan cómo se disfrazan de repartidoras de paquetería para verificar domicilios o aplicar otras estrategias similares para obtener pruebas sin vulnerar los derechos legales del trabajador.