(El Economista, 19-05-2026) | Laboral
El desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores en España atraviesa una fase llamativa. Aunque el país todavía registra 2,6 millones de desempleados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de vacantes sin cubrir alcanzó máximos históricos al cierre de 2025, con cerca de 156.000 puestos pendientes de ocupar. A este escenario se suma un fenómeno adicional: compañías que no buscan empleados no porque no los necesiten, sino porque consideran demasiado elevado el coste de incorporarlos a la plantilla. En 2025, este motivo alcanzó cifras récord, reflejando cómo las tensiones del mercado laboral ya afectan de lleno a las nóminas.
El debate sobre las dificultades para encontrar trabajadores suele centrarse precisamente en los salarios y en el coste de contratación. Mientras sindicatos y Gobierno defienden que la escasez de mano de obra se resuelve mejorando las retribuciones, las patronales sostienen que el aumento de los costes laborales, derivado de mayores cotizaciones, impuestos y subidas del salario mínimo impulsadas por razones políticas, limita la capacidad de muchas empresas para contratar más personal.
La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) pregunta a las empresas por el número de vacantes disponibles y, cuando no tienen ninguna, indaga en los motivos. La mayoría, un 91%, asegura que simplemente no necesita trabajadores. Sin embargo, este porcentaje se situó a finales de 2025 en el nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística en 2013. En cambio, las compañías que atribuyen la ausencia de contrataciones al elevado coste laboral alcanzaron el 5,3%, el porcentaje más alto registrado hasta ahora.
Como ya ha señalado elEconomista.es, las cifras de vacantes en España siguen siendo reducidas en comparación con otros países europeos. De hecho, el INE refleja que existen alrededor de 16 desempleados por cada puesto vacante. Aun así, muchos analistas consideran que la evolución de esta encuesta evidencia un mercado laboral dinámico, coherente con el crecimiento del empleo y del PIB, aunque todavía marcado por un elevado desempleo estructural. Organismos como la AiRef ya advierten, además, de que este impulso económico podría estar perdiendo fuerza.
Dentro de este contexto, el aumento de empresas que renuncian a contratar debido a los costes laborales dibuja una tendencia singular. Durante los años de recuperación posteriores a la crisis financiera, entre 2013 y 2018, el peso de este factor disminuyó progresivamente. Sin embargo, tras la pandemia volvió a repuntar con intensidad, pese a que el empleo continuó creciendo con fuerza.
Una de las explicaciones apunta al fuerte incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que subió un 22,3% en 2019. No obstante, el impacto de esta medida quedó parcialmente oculto por la irrupción de la pandemia, que paralizó gran parte de la actividad económica y redujo temporalmente las necesidades de contratación de muchas empresas.
Con la recuperación económica, el coste salarial no actuó inicialmente como un gran freno a la creación de empleo, aunque la preocupación empresarial comenzó a intensificarse a partir de 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral. Aunque la norma no encareció directamente las contrataciones -salvo en los contratos de muy corta duración-, las restricciones al uso de contratos temporales, más baratos de extinguir que los indefinidos, llevaron a muchas compañías a replantearse sus costes laborales.
A ello se sumó el aumento de las cotizaciones derivado de la reforma de las pensiones aprobada también en 2022. Todo ello coincidió con un fuerte episodio inflacionista agravado por la guerra en Ucrania y posteriormente alimentado por nuevas tensiones geopolíticas y comerciales, especialmente tras las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump en Estados Unidos.
La combinación de todos estos factores ha llevado a máximos la proporción de empresas que descartan contratar por el coste que supone incorporar trabajadores. Lo más llamativo, además, es que este impacto afecta tanto a los empleos con salarios más elevados como a aquellos con remuneraciones más bajas.