(Expansión, 16-03-2026) | Laboral
El aumento del precio de las materias primas provocado por el conflicto en Irán, junto con el estancamiento de la productividad, podría terminar reduciendo los márgenes empresariales, a pesar de que las perspectivas generales para 2026 siguen siendo favorables.
Ante este escenario, las compañías han comenzado a adoptar medidas para minimizar el impacto económico de la guerra. En particular, las grandes empresas están elaborando planes de contingencia para afrontar un posible efecto en cadena derivado de un encarecimiento prolongado de las materias primas, que podría traducirse en una pérdida de competitividad y, finalmente, en una reducción de la rentabilidad. Así lo refleja el informe Perspectivas 2026, elaborado por KPMG junto con la CEOE, que señala que el 44% de los empresarios españoles ya está replanteando sus estrategias de crecimiento debido a la incertidumbre geopolítica.
Por ahora, el efecto más directo del conflicto en Oriente Próximo se está notando en el coste de los combustibles, aunque los economistas prevén que este impacto se extienda gradualmente al conjunto de las cadenas productivas. De hecho, Funcas anticipa que la inflación podría alcanzar el 3,6% en marzo, si bien advierte de que las previsiones están rodeadas de un alto grado de incertidumbre.
Aun teniendo en cuenta esta presión inflacionista en sus previsiones económicas, los empresarios mantienen un enfoque relativamente optimista. Según explica el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, aunque las previsiones sobre la evolución de sus empresas son positivas, muchos directivos muestran preocupación por el contexto internacional. De hecho, cerca de la mitad de los encuestados ya ha adaptado su estrategia a la nueva situación global, mientras que otro tercio se encuentra evaluando posibles decisiones.
Entre las compañías que están desarrollando planes de contingencia, los ámbitos más afectados son los proyectos de innovación y tecnología, las estrategias de expansión internacional y las alianzas empresariales. En cuanto a los principales riesgos derivados de la dependencia europea de terceros países, los empresarios mencionan con mayor frecuencia la pérdida de competitividad (41%), el aumento del coste de las materias primas (41%), la mayor exposición a tensiones geopolíticas -como interrupciones en las cadenas de suministro- (39%) y la reducción de los márgenes de beneficio (37%).
Este cambio en el contexto internacional afecta especialmente a la Unión Europea, que pese a ser una potencia comercial mantiene una fuerte dependencia de otros actores globales en ámbitos como la defensa, la energía, la tecnología o el acceso a recursos básicos. A ello se suma, según el informe, la pérdida de competitividad que han experimentado en los últimos años sectores clave como la industria o la automoción, junto con un crecimiento económico moderado y una evolución limitada de la productividad.
Fernando Cuñado, socio responsable de Mercados de KPMG en España, señala que las empresas más intensivas en consumo energético, con fuerte dependencia de las cadenas de valor internacionales y orientadas al comercio exterior, están analizando distintas opciones para amortiguar el impacto. En este contexto, subraya también la importancia de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea, lo que podría convertirse en una oportunidad para impulsar la reindustrialización del continente.
Pese a estos riesgos, las expectativas empresariales para los próximos doce meses siguen siendo positivas. El 49% de los directivos prevé que la situación de su empresa mejore, destacando el optimismo en el sector aeroespacial y de defensa, donde el 80% espera mejores resultados. Le siguen el sector tecnológico, con un 65% de directivos optimistas, y el inmobiliario, con un 58%.
En cuanto a las ventas, el 73% de los empresarios espera aumentar su facturación en 2026, dos puntos más que el año anterior, y un 31% prevé incrementos superiores al 5%. Respecto a la inversión, un 58% de las empresas planea aumentar sus inversiones -cinco puntos más que en 2025-, mientras que un 45% tiene previsto ampliar sus plantillas, frente al 42% del año pasado.
Para que estas perspectivas se materialicen, los empresarios consideran imprescindible contar con un entorno nacional que garantice seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insiste en que las empresas necesitan un marco que genere confianza y certidumbre para poder afrontar los retos pendientes y seguir impulsando la creación de riqueza, empleo y modernización económica.
En este sentido, el 62% de los empresarios reclama una mayor estabilidad normativa, mientras que un 38% considera necesario simplificar los trámites administrativos. Garamendi también advierte de que la pérdida de competitividad es uno de los mayores riesgos a medio plazo para las empresas, junto con la preocupación por la rentabilidad y el aumento del absentismo laboral, especialmente por bajas por incapacidad temporal, que califica como un problema relevante para el país.
A estos factores se suman, según el presidente de la patronal, la incertidumbre política, los cambios regulatorios constantes y la inseguridad jurídica, elementos que las empresas perciben como obstáculos para su actividad y que podrían poner en riesgo nuevas inversiones, especialmente en un momento en el que también se cuestiona el papel del diálogo social, uno de los pilares del modelo institucional español.