(Cinco Días, 22-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Cirsa, Europastry o Astara son algunos ejemplos recientes de compañías que han decidido aplazar o cancelar sus planes de salir a cotizar en la Bolsa española, debido a un entorno de mercado altamente volátil que no resultaba propicio para dar ese paso. No son casos aislados: se estima que la mitad de las empresas que han considerado su salida al parqué en los últimos cinco años finalmente han desistido y han pospuesto indefinidamente estos proyectos.
Con el objetivo de facilitar el acceso al mercado bursátil, especialmente a empresas familiares que suelen mostrarse reticentes a perder el control de su compañía, la CNMV y BME han presentado este miércoles un nuevo segmento bursátil que pretende reactivar el interés por cotizar.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el operador de la Bolsa española han anunciado una nueva vía para que las empresas se estrenen en el mercado, que elimina temporalmente la obligación de contar con al menos un 25% de capital en libre circulación (free float) en el momento de su debut, tal como exige actualmente la normativa. Con la futura implementación de la directiva europea Listing Act -que debe incorporarse al ordenamiento jurídico español antes de junio de 2026-, este umbral se reducirá al 10%. No obstante, la CNMV ya tiene la facultad de flexibilizar ese requisito, como hizo recientemente en la salida a Bolsa de Puig.
Este nuevo sistema permitirá a las empresas alcanzar el porcentaje mínimo de capital en circulación en un plazo de 18 meses, con una posible prórroga de seis meses adicionales. Estará enfocado a compañías consolidadas con una valoración mínima de 500 millones de euros, aunque el regulador podrá autorizar excepciones. Además, se limita la participación a inversores profesionales, que podrán invertir bajo el formato de contratación por bloques, con un mínimo de 100.000 euros por operación. El acceso estará restringido para los inversores minoristas, quienes solo podrán participar cuando la empresa dé el salto al mercado convencional.
Desde la CNMV y BME explican que esta nueva modalidad está diseñada para reducir el riesgo en el proceso de salida a Bolsa, dar mayor flexibilidad para elegir el momento óptimo, y permitir que las empresas se incorporen al mercado sin necesidad de cumplir inicialmente con los requisitos de dispersión accionarial.
Para establecer la valoración de las compañías en el momento de su incorporación a este nuevo segmento, las empresas podrán optar entre tres alternativas: contratar un evaluador independiente, fijar un precio de referencia a partir de transacciones recientes realizadas entre inversores clave (conocidos como inversores ancla) durante los seis meses anteriores, o entrar al mercado sin haber realizado ninguna operación significativa que determine un precio. En el momento de solicitar la admisión, no será necesario declarar una valoración exacta, sino simplemente acreditar que esta supera los 500 millones de euros.
Si, una vez pasado el plazo de 18 meses, la empresa no ha alcanzado el mínimo de free float, la CNMV podrá conceder una prórroga adicional de seis meses, permitir alguna excepción o decidir su exclusión del segmento. Esta última decisión no implicaría una OPA de exclusión, sino que se aplicaría de oficio, lo que podría dejar a los inversores institucionales atrapados en el capital de la compañía.
Adicionalmente, este nuevo segmento permitirá que los analistas financieros de las entidades de inversión puedan emitir informes y recomendaciones sobre estas empresas. No obstante, estarán obligados a declarar si sus análisis pueden estar sujetos a conflictos de interés. Cabe destacar que la implementación de este nuevo espacio de cotización no requiere cambios legislativos, aunque todavía está pendiente de la aprobación formal por parte del consejo de la CNMV, que se espera se produzca antes del verano.