(Expansión, 24-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Elevar la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes eléctricas desde el 6,58% aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta el 7%, como solicitaban Iberdrola, Endesa y EDP, supondría un sobrecoste de unos 900 millones de euros para los consumidores entre 2026 y 2031.
Así lo señalaron fuentes del regulador, que el pasado lunes dio luz verde a las nuevas circulares que fijan los peajes de las redes para el próximo sexenio. La definición de estos peajes ha sido uno de los principales focos de conflicto en el sector eléctrico durante los últimos meses, ya que las compañías han insistido en reclamar incrementos superiores a los planteados por la CNMC.
Desde el organismo regulador defienden con firmeza la solidez jurídica y el rigor técnico de las circulares aprobadas, subrayando su fortaleza legal. En el sector, sin embargo, se da por descontado que el asunto acabará en los tribunales, mientras las eléctricas analizan aún la vía judicial más adecuada para impugnar la decisión.
Las circulares ya han sido enviadas al Boletín Oficial del Estado (BOE), que deberá publicarlas en los próximos días, antes del 31 de diciembre. En caso contrario, se prorrogaría de forma automática el esquema retributivo vigente en los seis años anteriores, sin posibilidad de introducir modificaciones.
De acuerdo con la CNMC, el proceso de elaboración de la propuesta de peajes ha sido "abierto y garantista", e incluyó siete consultas públicas, cinco periodos de audiencia y numerosas reuniones con los distintos agentes del sector.
A lo largo del procedimiento se produjeron diversas tensiones, entre ellas las referencias difundidas por las eléctricas sobre una supuesta oposición del Consejo de Estado. El regulador minimiza ese extremo y sostiene que el texto final incorporó algunos de los aspectos señalados por dicho órgano consultivo.
Finalmente, la CNMC ratificó una TRF del 6,58% para los próximos seis años, un periodo de aplicación más largo que el de la mayoría de los países de la Unión Europea. A juicio del organismo, este horizonte temporal proporciona estabilidad regulatoria, favorece la planificación de inversiones y reduce la incertidumbre.
Desde hace meses, las empresas eléctricas venían defendiendo una tasa de retribución superior al 7%, alertando incluso de que España podría perder atractivo frente a otros mercados cercanos, como Portugal, si no se elevaba la rentabilidad de las redes.