(Cinco Días, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
En junio de 2020, Cani Fernández comparecía ante el Congreso de los Diputados para defender su candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con una amplia trayectoria como abogada en Cuatrecasas y tras su paso por el equipo de Presidencia dirigido por Iván Redondo, Fernández insistió entonces en la necesidad de preservar la independencia del organismo y garantizar que sus decisiones estuvieran al margen de cualquier influencia política.
Seis años después, cuando su mandato está a punto de concluir y el Gobierno se dispone a nombrar a su sucesor al frente de la CNMC, persiste la percepción de que nunca logró desprenderse completamente de la vinculación política que acompañó su nombramiento. Su cercanía con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica y principal impulsora de su designación, marcó buena parte de la valoración de su etapa al frente del organismo regulador. En paralelo, las diferencias de enfoque con responsables del área energética, especialmente dentro del sector representado por la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, añadieron complejidad a una gestión condicionada por importantes decisiones regulatorias.
La salida de Fernández coincide además con una situación especialmente delicada para la CNMC, que deja abiertos numerosos expedientes relacionados con el apagón eléctrico y que afectan tanto a compañías energéticas como al operador de la red, Redeia. El desenlace de estos procedimientos dependerá en buena medida de las decisiones que adopte la nueva dirección del organismo.
Según distintas fuentes conocedoras del proceso de sucesión, existen actualmente dos corrientes dentro del Gobierno que intentan influir en el nombramiento del próximo presidente. Por un lado, el Ministerio de Economía, encabezado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, considera que le corresponde liderar la propuesta, ya que la CNMC depende orgánicamente de este departamento. De hecho, es el propio ministerio quien eleva el nombre del candidato al Consejo de Ministros y formaliza posteriormente el nombramiento mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Si finalmente prevalece esta opción, muchos observadores consideran probable la elección de un técnico comercial y economista del Estado, siguiendo un modelo similar al que representó la propia Fernández: un perfil eminentemente técnico y con una menor exposición política. Sin embargo, dentro de otros sectores del Ejecutivo existe la convicción de que el nombramiento tiene una dimensión estratégica mucho mayor. A medida que se aproxima el final de la legislatura y con unas elecciones generales en el horizonte, algunos consideran fundamental asegurar una posición de influencia en organismos reguladores cuyos mandatos se extienden durante varios años. La CNMC desempeña un papel especialmente relevante por sus amplias competencias en materia de competencia, supervisión de mercados y regulación de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte, el audiovisual o la energía.
Desde esta perspectiva, determinados sectores defienden la conveniencia de optar por una figura con un perfil más político, considerando que una presidencia excesivamente técnica podría mostrar una mayor disposición a adaptarse a los cambios que pudiera introducir un futuro Gobierno. La elección tiene además importantes implicaciones para el sector energético. Uno de los primeros nombramientos que deberá realizar el nuevo presidente será el de la dirección del área de Energía, un puesto clave en la gestión de los expedientes relacionados con el apagón eléctrico. Esta persona será la encargada de decidir la continuidad de las investigaciones abiertas, supervisar su instrucción y, eventualmente, valorar la gravedad de los hechos analizados.
Por ello, las compañías eléctricas siguen con especial atención el proceso de renovación. En el sector existe la percepción de que el nuevo responsable del área energética dispondrá de un margen considerable para orientar la tramitación de los expedientes durante los primeros meses de su mandato. Dentro del Gobierno, algunos observadores consideran que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, podría intentar influir en esta designación debido a la relevancia que tiene para la política energética. Mientras tanto, la actual directora del área, Rocío Prieto, prepara su salida hacia la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (Ariae), dejando vacante un puesto especialmente sensible.
Las empresas son conscientes de la importancia de esta decisión. Las posibles sanciones derivadas de los expedientes abiertos dependerán, entre otros factores, de la calificación de las infracciones. La legislación distingue entre infracciones graves y muy graves, siendo estas últimas las que implican riesgos para la garantía del suministro eléctrico y conllevan consecuencias económicas mucho más severas.
Algunas de las investigaciones más delicadas afectan a determinadas paradas de centrales nucleares. Las compañías implicadas consideran que cuentan con argumentos sólidos para defender su actuación, apoyándose en criterios técnicos admitidos por los organismos reguladores especializados. Por otro lado, sostienen que parte de las anomalías detectadas durante los últimos meses responden más a una revisión general del funcionamiento del sector que a una relación directa con los acontecimientos que provocaron el apagón.
El calendario también juega un papel importante. Aunque la actual dirección de la CNMC se encuentra ya en una fase de transición y existe una percepción generalizada de cambio de ciclo dentro de la institución, el relevo no será inmediato. Tras la aprobación del candidato por el Consejo de Ministros, todavía deberán completarse los trámites parlamentarios necesarios antes de que el nuevo presidente pueda asumir oficialmente el cargo.
Las negociaciones políticas para asegurar los apoyos necesarios también formarán parte del proceso. Diversas fuentes consideran que el Gobierno intentará cerrar cuanto antes la renovación de la CNMC para consolidar la composición de uno de los organismos reguladores más influyentes del país antes de un posible cambio de mayoría política.
En este contexto, la sucesión al frente de la CNMC trasciende la mera sustitución de un presidente. Se trata de una decisión con importantes implicaciones regulatorias, económicas y políticas que influirá en la supervisión de sectores estratégicos y en la gestión de algunos de los asuntos más sensibles que actualmente tiene sobre la mesa el organismo.