(Expansión, 05-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno obligó a las compañías eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy a revelar millones de datos relacionados con el apagón del 28 de abril. Ahora, estas empresas exigen que Redeia también haga públicos sus datos para poder esclarecer responsabilidades, sin importar a quién puedan afectar. La llamada "caja negra" del apagón, donde el Ejecutivo está recopilando información detallada de lo ocurrido antes, durante y después del suceso, se ha convertido en el centro de una creciente disputa política y empresarial tras ese corte de luz sin precedentes en España.
Las principales eléctricas y otros actores del sector han comenzado a presionar al Gobierno para acceder a esa información, que hasta ahora ha sido mantenida en secreto por varios departamentos estatales y por Redeia, la empresa responsable de la red de alta tensión del país. Las compañías exigen transparencia y reclaman el mismo nivel de exigencia que el Gobierno les impuso a ellas durante la crisis.
Redeia, a través de Red Eléctrica, no solo gestiona la red troncal del sistema eléctrico, sino que también tiene en exclusiva el rol de operador del sistema, es decir, es la encargada de garantizar el flujo continuo de electricidad. Su función debería incluir la prevención o, al menos, la detección anticipada de incidentes como el apagón. Aunque solo un 20% de la empresa pertenece al Estado, la influencia del Gobierno sobre su dirección es total. Pese a que Redeia coordinó eficazmente con otras eléctricas para restablecer el suministro en menos de doce horas -una labor reconocida por expertos-, no ha escapado a las críticas por no haber anticipado ni evitado el corte.
Acceder a todos los datos técnicos y operativos relacionados con este "blackout" será esencial para determinar responsabilidades. Las eléctricas temen que el Gobierno manipule los datos o los interprete de manera parcial para respaldar su propia versión de los hechos. Por su parte, el Partido Popular ha reclamado una auditoría independiente. Actualmente, hay tres investigaciones oficiales en curso: una de la CNMC, otra de la Audiencia Nacional (bajo el juez José Luis Calama), que analiza un posible ataque a infraestructuras críticas, y una tercera impulsada por el propio Gobierno, la más polémica hasta ahora.
Tras el incidente, el Ejecutivo creó un "Comité para el análisis de las circunstancias de la crisis", liderado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Este comité incluye representantes de Presidencia del Gobierno, Defensa (incluyendo el CNI y el Estado Mayor), Interior (a través de organismos de seguridad cibernética y protección de infraestructuras) y Transformación Digital.
También participan organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, aunque el hecho de que se les haya mencionado como apoyo no implica que tengan acceso directo a la "caja negra". Redeia, que sí forma parte del comité, afirmó el 1 de mayo haber entregado todos los datos requeridos a la CNMC, asegurando su total colaboración desde el inicio del incidente.
La empresa explicó que la caja negra contiene millones de registros sobre la operación del sistema y de sus sistemas informáticos. Sin embargo, el Gobierno contradijo esta versión el 3 de mayo, afirmando que aún falta parte de la información solicitada. Además, anunció la creación de dos subgrupos dentro del Comité: uno centrado en la operación del sistema eléctrico, coordinado por Transición Ecológica, y otro enfocado en ciberseguridad, bajo el liderazgo del Ministerio de Transformación Digital.
A pesar de que Redeia insiste en haber entregado todo lo solicitado, el Ejecutivo sostiene que todavía falta información por parte de más de una treintena de centros de control de generación, empresas eléctricas y distribuidoras.