(La Vanguardia, 07-11-2026) | Fiscal
Las comunidades autónomas de régimen común dejarán de ingresar alrededor de 1.300 millones de euros como consecuencia de las rebajas fiscales aprobadas o anunciadas para 2026 y 2027. Según las estimaciones, todas registrarán un impacto negativo sobre la recaudación, con una única excepción: Catalunya, cuyos ingresos públicos aumentarán en 122 millones de euros. Esta diferencia responde a una tendencia que se viene repitiendo en los últimos ejercicios, en los que prácticamente todos los territorios han optado por reducir su presión fiscal, mientras que Catalunya mantiene una política tributaria diferente.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elabora cada mes de octubre un análisis de las principales líneas presupuestarias de las comunidades autónomas. Sus conclusiones suelen poner de manifiesto que los gobiernos regionales recurren a bonificaciones y reducciones en los impuestos cuya gestión tienen transferida, como el IRPF, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el de patrimonio. Estas decisiones reducen los ingresos tributarios y pueden afectar al equilibrio de las cuentas públicas.
En 2026, la aplicación de nuevas rebajas fiscales ha vuelto a intensificarse. El ejercicio anterior, las medidas permanentes aprobadas por las comunidades autónomas ya habían supuesto una disminución de la recaudación de unos 1.150 millones de euros. Además, la aprobación de este tipo de iniciativas suele cobrar mayor protagonismo en los años próximos a las convocatorias electorales.
La Comunidad Valenciana y Andalucía serán los territorios que asumirán las mayores pérdidas de ingresos durante el periodo analizado. La primera dejará de recaudar aproximadamente 641 millones de euros, mientras que la segunda registrará una reducción de 280 millones. Los gobiernos de Juan Francisco Pérez Llorca y Juanma Moreno han introducido rebajas en distintos tributos, entre ellos el IRPF, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) y el de sucesiones y donaciones. La Airef advierte de que estas decisiones podrían acabar perjudicando la evolución de sus cuentas públicas a medio plazo.
Madrid ocupa el siguiente lugar, con una merma estimada de 118 millones de euros. La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que tradicionalmente ha mantenido una de las fiscalidades más reducidas del país, ha ampliado las ventajas fiscales aplicables a los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales.
En un segundo grupo se sitúan las demás comunidades de régimen común, que también han adoptado reducciones tributarias, aunque con distintos niveles de impacto. Entre ellas figuran tanto territorios gobernados por el Partido Popular como dos administrados por el PSOE. Asturias no ha facilitado a la Airef una estimación concreta del efecto económico de sus medidas, mientras que Castilla-La Mancha calcula que dejará de ingresar unos 10 millones de euros.
Catalunya presenta una situación distinta. En lugar de reducir sus ingresos, prevé incrementar la recaudación en 122 millones de euros entre 2026 y 2027. La Airef identifica algunas medidas que sí implican rebajas fiscales, como las deducciones en el ITPAJD destinadas a jóvenes y otros colectivos, además de determinados cambios en el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, estos efectos negativos se compensarán con mayores ingresos procedentes de otras decisiones tributarias. Entre ellas destacan el aumento del 100% de las tarifas del impuesto sobre las estancias turísticas, la actualización de las bases de cálculo del canon del agua y la eliminación de la reducción de las tarifas del transporte público superior al 30%.
El análisis de la Airef vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes entre los sistemas fiscales autonómicos. Un mismo hecho imponible puede generar una factura tributaria distinta dependiendo de la comunidad en la que resida el contribuyente. La Generalitat de Catalunya ha definido esta situación como «dumping fiscal», especialmente por las ventajas tributarias que ofrece Madrid y que, a su juicio, provocan una competencia entre territorios.
La reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno central pretendía abordar estas desigualdades e introducir mecanismos para desincentivar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos ha impedido que la propuesta avance y la legislatura concluirá sin que llegue siquiera a debatirse en el Parlamento.