(El Periódico, 10-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su comparecencia en el Congreso un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas que ha diseñado conjuntamente con el departamento de anticorrupción, integridad y gobierno de la OCDE, los grupos parlamentarios y expertos de la sociedad civil, además de propuestas del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y recomendaciones de la Comisión Europea. El plan, según el presidente del Gobierno, tiene como objeto "luchar de forma independiente contra la corrupción". Estas son las medidas anunciadas por Sánchez, que se dividen en cinco ejes:
1. Puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.
2. Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.
3. Introducción de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude.
4. Exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
5. Una nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia. Se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
6. También se reforzarán los controles sobre los partidos políticos obligando a formaciones políticas y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes; se exigirá transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción; y se aprobará una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.
7. La Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplará que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.
Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción
8. Se crearán secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Otorgar carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos.
9. Se seguirá reforzando la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al ministerio fiscal.
10. Se endurecerán las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y se duplicarán los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios que obtengan, sino sobre sus ingresos anuales.
11. Se pondrá en marcha sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
12. Dentro de los partidos, se endurecerán las sanciones por infracciones contables y se retirarán las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
13. Se aumentarán los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea.
14. Se introducirá la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
15. Se realizarán estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, y se lanzarán campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.