(El País, 09-10-2026) | Fiscal
La Unión Europea busca hacer frente a la creciente saturación de sus redes eléctricas, en un contexto marcado por el avance de la electrificación industrial y el aumento de la demanda de los centros de datos. Una propuesta normativa elaborada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, alerta de una posible falta de capacidad en los puntos de conexión y contempla que los reguladores puedan establecer prioridades para decidir qué usuarios acceden a la red cuando no haya recursos suficientes. El texto también plantea reducir los impuestos sobre la electricidad para que su carga fiscal sea inferior a la del gas y los carburantes, con el objetivo de acelerar la transición energética.
La nueva crisis energética, la segunda de gran magnitud en cinco años, vuelve a poner de manifiesto la dependencia europea de los combustibles fósiles importados. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante las crisis del petróleo de los años setenta, actualmente existen alternativas tecnológicas para reducir esa dependencia. Según los últimos cálculos de la Universidad de Oxford, el 75% de la demanda energética actual podría electrificarse con tecnologías disponibles. Para aprovechar ese potencial, no obstante, será necesario superar las barreras existentes y adoptar medidas económicas que faciliten el cambio.
Uno de los principales objetivos de la propuesta comunitaria es reducir la carga fiscal que soporta la electricidad para mejorar su competitividad frente a los combustibles fósiles. El documento mantiene el principio de que la electricidad no debe estar gravada por encima de combustibles como el gas natural. Además, contempla revisar el sistema de cálculo de los peajes de acceso a las redes y permite que los Estados asuman con recursos públicos parte de los costes correspondientes a determinados consumidores.
El encarecimiento del petróleo y el gas, impulsado por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, ha ampliado las ventajas económicas de utilizar electricidad en lugar de combustibles fósiles. Los propietarios de vehículos eléctricos o de sistemas de calefacción por aerotermia pueden comprobar el ahorro que supone esta alternativa. Sin embargo, cuando los precios energéticos se estabilizan, esa diferencia puede reducirse, en parte debido a unos sistemas tributarios que no siempre favorecen la electrificación.
La propuesta europea señala que el ritmo de sustitución de los combustibles fósiles depende, entre otros factores, del coste de la electricidad, condicionado tanto por los peajes de red como por los impuestos aplicados a las facturas. Por ello, insta a los Estados miembros a garantizar un tratamiento fiscal más favorable para la electricidad que para el gas natural, de manera que los precios incentiven la electrificación de la economía comunitaria.
El documento también advierte de que la transición hacia un modelo energético basado en la electricidad en los hogares, el transporte y la industria encuentra obstáculos cuando la fiscalidad nacional beneficia a los combustibles fósiles. Según el texto, este desequilibrio desincentiva la adopción de soluciones energéticas más económicas, renovables y con menores emisiones de carbono.
España, pese a disponer de un importante potencial renovable y de unos costes de generación que pueden ser inferiores a los de buena parte de Europa, tampoco cuenta con un sistema fiscal especialmente favorable para extender la electrificación a todos los usos. En los últimos meses se han adoptado algunas medidas, como la eliminación progresiva del impuesto del 7% sobre la producción eléctrica y la reducción temporal del IVA de la factura de la luz al 10%, frente al tipo habitual del 21%, para amortiguar el impacto de la crisis energética. Sin embargo, la fiscalidad española sigue penalizando menos a los carburantes que la aplicada en numerosos países del centro y el norte de Europa.
El eurodiputado socialista Nicolás González Casares defiende que la política tributaria debe acompañar los esfuerzos de hogares y empresas para sustituir los combustibles fósiles por electricidad. A su juicio, no resulta coherente impulsar la electrificación de la economía mientras los impuestos desincentivan esa decisión. La propuesta, no obstante, permitiría que la Comisión Europea autorizase aplazamientos cuando un Estado justificase circunstancias nacionales específicas, incluida su situación presupuestaria.
Otro de los factores que influyen en el precio de la electricidad es el funcionamiento del mercado mayorista europeo. El sistema marginalista, en el que la última tecnología necesaria para cubrir la demanda determina el precio de la electricidad para el conjunto del mercado, ha contribuido durante años a impulsar la entrada de energías renovables. Sin embargo, en periodos de tensión energética, el encarecimiento del gas se traslada al resto del mercado y eleva los precios durante buena parte del día, con la excepción de las horas de mayor producción solar.
La distribución de la capacidad disponible en las redes constituye otro de los grandes desafíos. La Unión Europea quiere dotar a los reguladores de herramientas para frenar las solicitudes especulativas de conexión, exigir que los proyectos tengan un grado suficiente de madurez y establecer prioridades cuando no sea posible atender todas las peticiones.
Entre las categorías de usuarios que recoge la propuesta figuran los hogares, las pequeñas y medianas empresas, los servicios públicos y sociales, las comunidades energéticas, los centros de datos, las industrias con un elevado consumo eléctrico y el sector del transporte. Los criterios para asignar la capacidad deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios. También podrán tener en cuenta el efecto de cada proyecto sobre la congestión de la red, así como sus costes y beneficios económicos, ambientales, de seguridad y sociales.
Este cambio puede tener especial relevancia para España, que compite por atraer inversiones en centros de datos. Según González Casares, las solicitudes de acceso a la red para estas instalaciones ascienden a unos 22 gigavatios (GW), aunque solo alrededor de tres gigavatios corresponderían a proyectos suficientemente sólidos como para ejecutarse antes de 2030.
La reforma también pretende que las tarifas eléctricas reflejen mejor el coste que supone para el sistema la forma en que se consume la energía. Para ello, la expansión de los contadores inteligentes será fundamental. La propuesta establece como objetivo alcanzar una cobertura mínima del 50% de los consumidores finales en 2030 y del 75% en 2033, con plazos más amplios para los países que partan de una implantación inferior al 30%.
El propósito es que las tarifas transmitan señales que animen a reducir los picos de demanda y favorezcan el almacenamiento energético y una utilización más flexible de la red. De este modo, la factura eléctrica dejaría de depender principalmente de la cantidad de kilovatios hora consumidos para incorporar también factores como el momento, el lugar y las condiciones en las que se utiliza la infraestructura eléctrica.