(El Economista, 16-09-2026) | Laboral
Cuatro décadas después de que la Unión Europea planteara la creación del mercado único, la circulación de capitales, mercancías y servicios entre los Estados miembros está ampliamente consolidada. Sin embargo, la movilidad de los trabajadores continúa encontrando importantes obstáculos, especialmente por las diferencias administrativas y en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Para tratar de reducir estas barreras, la Comisión Europea ha planteado un nuevo paquete legislativo que contempla la digitalización de títulos y documentos relacionados con la Seguridad Social y la reducción de los plazos para reconocer determinadas cualificaciones profesionales.
La iniciativa pretende facilitar que los trabajadores puedan acreditar sus derechos de Seguridad Social y asistencia sanitaria cuando se desplazan entre países, al tiempo que busca garantizar que sus títulos y competencias sean comprensibles y puedan reconocerse formalmente en aquellos Estados donde la profesión esté regulada. La Comisión considera que la simplificación de estos procedimientos también facilitará a las empresas la contratación de profesionales de otros países y la prestación de servicios transfronterizos, mientras que las administraciones nacionales dispondrán de mecanismos de cooperación más eficaces para proteger los derechos laborales y combatir posibles fraudes.
Uno de los elementos centrales de la propuesta es la creación de un sistema digital que permita acreditar los derechos de Seguridad Social durante los desplazamientos dentro de la UE. En este entorno se integrarían documentos como el certificado A1, que permite acreditar qué legislación de Seguridad Social resulta aplicable a un trabajador desplazado, o la Tarjeta Sanitaria Europea, cuya expedición la Comisión pretende agilizar hasta situarla en un plazo de 24 horas.
Bruselas calcula que el conjunto de estas medidas podría generar unos beneficios económicos de 6.000 millones de euros hasta 2040, principalmente gracias a la reducción de los tiempos necesarios para reconocer cualificaciones y a la posibilidad de verificar documentación en tiempo real. La Comisión parte de un nivel de movilidad laboral todavía reducido: en 2024, alrededor de 10 millones de personas en edad de trabajar residían en otro Estado miembro, apenas el 3,9% de la población europea en edad laboral. Al mismo tiempo, un 18% de las personas consultadas manifiesta disposición a trasladarse a otro país.
La simplificación de los trámites pasa también por transformar el modo en que se gestionan los títulos académicos y profesionales. La propuesta contempla que las titulaciones, desde los estudios de secundaria hasta los doctorados, puedan emitirse en formato digital y almacenarse en una cartera digital de identidad. El sistema podría incluir títulos obtenidos durante los diez años anteriores a la entrada en vigor de la nueva normativa. La Comisión Europea prevé que esta cartera esté disponible para los ciudadanos a finales de 2026 y que permita reunir, además de las titulaciones, documentos como la Tarjeta Sanitaria Europea, el certificado A1 y otros justificantes relacionados con la Seguridad Social.
El paquete también pretende acelerar el reconocimiento de cualificaciones obtenidas fuera de la Unión Europea. Actualmente, estos procedimientos pueden prolongarse una media de 14 meses, mientras que la propuesta plantea reducir el plazo hasta aproximadamente cuatro meses y rebajar a la mitad los costes administrativos que soportan las empresas.
Para determinadas profesiones con elevada demanda, el proceso podría simplificarse todavía más. Médicos, enfermeros, dentistas, matronas, veterinarios, farmacéuticos y arquitectos podrían beneficiarse de un reconocimiento automático cuando sus títulos procedan de programas previamente acreditados y cumplan los estándares mínimos establecidos a escala europea.
La reforma contempla asimismo una ampliación de las competencias de la Autoridad Laboral Europea. Bruselas plantea que este organismo pueda proponer inspecciones, acceder a determinadas bases de datos europeas y ampliar su ámbito de actuación para proteger también a trabajadores extracomunitarios que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad. La experiencia de las inspecciones transfronterizas realizadas hasta ahora muestra el alcance de estos mecanismos: en 2021 se llevaron a cabo 347 actuaciones sobre cerca de 25.000 trabajadores, en las que se detectaron, entre otras irregularidades, impagos o pagos insuficientes de salarios y situaciones de empleo no declarado.
El objetivo de la Comisión Europea es reducir así uno de los principales obstáculos que todavía limitan la movilidad laboral dentro del mercado único: la complejidad de los procedimientos administrativos. La digitalización de documentos, la agilización del reconocimiento de títulos y una mayor coordinación entre las administraciones pretenden facilitar que los profesionales puedan trasladarse entre Estados miembros y que las empresas puedan acceder con mayor facilidad al talento disponible en otros mercados europeos.