(Cinco Días, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Las tensiones de liquidez que atraviesa el sector del capital riesgo han llegado al máximo nivel político en la Unión Europea. La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para abordar la escasez de liquidez que afecta a los fondos que invierten en empresas no cotizadas y que está dificultando la captación de nuevos recursos. En su comunicado subraya que disponer de vías de salida es esencial, ya que los inversores necesitan materializar rendimientos para poder comprometer capital en nuevas operaciones.
El problema lleva meses sobrevolando el mercado y alimenta un círculo vicioso: las desinversiones no se cierran por la falta de valoraciones atractivas; sin ventas, los partícipes no recuperan su dinero; y, sin liquidez, no pueden aportar fondos a nuevos vehículos. Según un informe de Forvis Mazars, el 69% de las gestoras ha optado por prolongar la duración de sus fondos. Además, 2025 cerró como el peor año en nueve ejercicios a escala mundial en captación, con 407.600 millones de dólares (375.000 millones de euros), de acuerdo con datos de KPMG. En España, la vida media de los fondos se sitúa en 5,6 años, la segunda cifra más alta de la serie histórica, según SpainCap.
La institución que preside Ursula von der Leyen ha reconocido que el flujo de capital hacia el tejido empresarial europeo a través del private equity -considerado una de las palancas para impulsar el crecimiento- se enfrenta a un obstáculo clave: la falta de liquidez. La Comisión advierte de que los inversores pueden mostrarse reticentes a comprometer recursos en compañías privadas si temen quedar atrapados sin mecanismos claros para desinvertir.
Entre las posibles soluciones, Bruselas plantea la creación de una plataforma de negociación intermitente. La idea es diseñar un sistema híbrido, a medio camino entre la opacidad de las empresas privadas y las exigencias de una salida a Bolsa. Este mecanismo incluiría ventanas temporales de negociación, subastas periódicas y herramientas de control de la volatilidad, con un nivel de información inferior al de una oferta pública de venta (OPV).
El sector teme especialmente la exposición de información estratégica. Por ello, la propuesta contempla que las compañías puedan restringir el acceso a determinados inversores -por ejemplo, competidores directos o entidades con intereses en empresas rivales- y conservar el derecho de admisión sobre su accionariado, algo que no sucede en los mercados bursátiles tradicionales. El objetivo sería lograr transparencia suficiente para valorar adecuadamente la empresa sin comprometer su ventaja competitiva.
La plataforma estaría orientada principalmente a inversores institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de capital riesgo. También se prevé la participación de grandes patrimonios (HNW), con activos líquidos superiores al millón de euros, e incluso de empleados de las propias compañías, que podrían vender sus participaciones. Mientras tanto, las operaciones de desinversión que sí se materializan son de gran tamaño. Un ejemplo reciente es la venta de Urbaser por parte de Platinum el 12 de febrero, con relevantes plusvalías. Paralelamente, proliferan fórmulas alternativas para generar liquidez, como los dividend recap -distribución de dividendos financiados con mayor endeudamiento de la participada- o los fondos de continuación, mediante los cuales una gestora transfiere activos entre vehículos propios.
La nueva plataforma no solo serviría para desbloquear inversiones actualmente estancadas, sino también como vía adicional para captar capital fresco. Según el borrador, permitiría a las empresas privadas emitir nuevas acciones a través de subastas cerradas, con mayor eficiencia que una colocación privada tradicional. El documento permanecerá abierto a aportaciones hasta el 27 de abril.
En España, el capital riesgo movilizó el pasado año 6.400 millones de euros en inversión y dispone de cerca de 8.000 millones en recursos pendientes de invertir, según SpainCap. Desde 2022, el Gobierno autoriza a particulares a destinar un mínimo de 10.000 euros a estos productos, siempre que no superen el 10% de su patrimonio financiero y cuenten con asesoramiento. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre los riesgos de comercializar estos instrumentos entre perfiles no adecuados, recordando que la iliquidez es inherente a este tipo de inversiones y que no están pensadas para el público general.