(El País, 06-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Banco Central Europeo (BCE) ha adjudicado recientemente a varios proveedores el desarrollo tecnológico de cinco componentes clave del euro digital, al mismo tiempo que publicaba un informe con los resultados de dos grupos de trabajo dedicados a esta iniciativa. Aunque se trata solo de pequeños avances, reflejan que el euro digital se ha convertido en una prioridad estratégica dentro de la agenda económica y política de la Unión Europea.
En las últimas semanas, los ministros de Finanzas europeos ya habían acordado en Copenhague que compartirían con el BCE la decisión sobre los límites de tenencia de esta nueva moneda digital. Además, el Parlamento Europeo prevé tener listo este mismo mes el informe sobre el texto legislativo que regulará el proyecto. Todo apunta a que el euro digital, una versión electrónica del dinero físico emitido por el BCE para realizar pagos y transferencias con nuevas funcionalidades, avanza con paso firme, mientras la banca comienza a adaptarse ante el riesgo de que esta innovación afecte a su negocio tradicional.
Desde que la Comisión Europea presentó en 2022 la propuesta legal, el proyecto ha sido recibido con reserva por parte del sector financiero, que reconoce no haber impulsado antes un sistema de pagos verdaderamente europeo. Hasta ahora, el continente ha dependido en gran medida de empresas estadounidenses como Visa y Mastercard, lo que ha alimentado la necesidad de una mayor soberanía en los pagos. La tensión geopolítica derivada del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reforzado aún más ese argumento, según se ha escuchado tanto en Bruselas como en Fráncfort.
En los últimos meses, además, ha surgido otro motivo para acelerar el proyecto: frenar el avance de las stablecoins, monedas digitales privadas respaldadas por divisas reales (como el dólar o el euro) que ya se utilizan de forma masiva en el entorno cripto y podrían dar lugar a un sistema financiero paralelo. Tal como advirtió Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y responsable del euro digital, la reducción del uso del efectivo está generando riesgos para la competencia, la inclusión, la estabilidad y la soberanía monetaria.
Por ello, la UE busca impulsar el euro digital para que coexista con soluciones privadas, como Bizum, dentro de una red paneuropea de pagos. Sin embargo, los bancos no ven grandes incentivos económicos: serán los intermediarios entre el BCE y los ciudadanos, pero deberán asumir fuertes inversiones tecnológicas sin garantías de rentabilidad. Algunas entidades están incluso acelerando sus propias alternativas privadas para adelantarse al lanzamiento del euro digital. Desde Bruselas, en cambio, se insiste en que los bancos obtendrán ingresos mediante comisiones a los comercios, igual que con las tarjetas actuales.
Aun así, las entidades financieras reclaman que el BCE aproveche la infraestructura existente para evitar duplicidades y reducir costes. Un informe de PwC calcula que la implantación del euro digital costaría al sector unos 18.000 millones de euros, cifra que podría elevarse a 30.000 millones si se incluyen funciones más avanzadas, como los pagos sin conexión. En promedio, cada banco debería invertir alrededor de 110 millones de euros y destinar casi la mitad de su personal durante cuatro años. La consultora advierte que el modelo actual exige "un esfuerzo financiero desproporcionado" y pide un sistema de compensación justo que equilibre la inversión y mantenga la competitividad.
El problema de la rentabilidad es clave para entender el escepticismo del sector. Los bancos llevan años desarrollando pagos instantáneos, como Bizum, sin haberlos monetizado aún, ya que las transferencias entre particulares son gratuitas. Confían en empezar a obtener ingresos a partir de 2026 cuando se extiendan a los comercios.
Tradicionalmente, el sistema de pagos europeo ha girado en torno al efectivo y las tarjetas, un modelo rentable para bancos y operadores como Visa o Mastercard. Aunque los consumidores no pagan directamente, los comercios sí abonan comisiones por cada transacción. Según el BCE, las tiendas de la eurozona pagan entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año por compras realizadas con tarjetas de débito no europeas, y los pequeños comercios soportan tarifas tres o cuatro veces más altas que las grandes empresas.
Reducir esos costes beneficiaría a los comercios, pero recortaría los ingresos de los bancos. "La única fuente de ingresos será el comercio, pero será menor que con las tarjetas", señala Elías Ghanem, de la consultora Capgemini. Un directivo bancario añade que el mecanismo de compensación debe ser equilibrado y garantizar que los costes de la infraestructura estén cubiertos.
Otro riesgo para la banca es que, en caso de crisis, los ciudadanos trasladen sus ahorros a euros digitales, el equivalente electrónico a retirar efectivo de los bancos. Para evitarlo, el BCE estudia imponer un límite de tenencia, posiblemente de unos pocos miles de euros, aunque el sector presiona para que sea mucho menor, en torno a 500 euros, alineado con el uso medio del efectivo.
A este escenario se suma un mercado de pagos cada vez más fragmentado. Hoy conviven Bizum, las transferencias inmediatas y tradicionales, las tarjetas, el efectivo, las wallets tecnológicas (como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay) y, próximamente, el euro digital. Para los comercios, esta diversidad de sistemas puede resultar ineficiente. Como resumen desde McKinsey: "Un buen método de pago debe ser cómodo, económico y sencillo. Un pequeño negocio no va a querer gestionar veinte terminales distintos".