(El Economista, 16-09-2026) | Laboral
La inflación ha vuelto a superar el 4% en España, algo que no ocurría desde hace más de tres años, como confirmó el INE con el dato correspondiente a agosto. Las previsiones para los próximos meses apuntan a que la presión sobre los precios continuará, principalmente por la evolución de los combustibles y de la energía, lo que podría situar la revalorización de las pensiones públicas al comienzo de 2027 cerca del 3,5%.
Los principales centros de estudios coinciden en señalar al petróleo y los carburantes como uno de los principales factores que marcarán la evolución del IPC durante la última parte del año. Funcas contempla una moderación del precio del crudo si las tensiones internacionales no se intensifican, aunque prevé que la inflación pueda alcanzar el 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% durante los meses siguientes, cerrando 2026 con una media del 3,6%. BBVA Research también estima una aceleración del IPC hasta el 4,8% en septiembre, impulsada por el componente energético, cuyo aumento interanual podría superar el 20%. Además, advierte de que el encarecimiento del transporte y de los costes de producción podría trasladarse a los precios de los alimentos.
La evolución del IPC entre septiembre y noviembre será especialmente relevante para determinar cuánto subirán las pensiones en 2027. Desde la reforma de 2021, la actualización anual de estas prestaciones está vinculada a la inflación media registrada durante los doce meses anteriores a diciembre. De este modo, la Seguridad Social tomará como referencia los datos comprendidos entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Con un IPC del 4,8% en septiembre y tasas superiores al 4% en octubre y noviembre, las estimaciones apuntan a una revalorización próxima al 3,4%.
Esta actualización supondría un incremento significativo del gasto de la Seguridad Social. El investigador de Fedea Miguel Ángel García calcula que cada punto adicional de revalorización supone unos 2.300 millones de euros, por lo que una subida cercana al 3,5% podría elevar el coste de las pensiones en aproximadamente 8.050 millones de euros durante 2027.
La cifra final, no obstante, dependerá de cómo evolucione el precio del petróleo y de la situación del transporte marítimo en Oriente Medio durante los próximos meses. El servicio de estudios del Consejo General de Economistas contempla una inflación media anual de entre el 3,6% y el 3,8%, con un IPC en diciembre situado entre el 4,5% y el 5,7%. En marzo, el Banco de España ya había advertido de que una prolongación del conflicto durante todo el ejercicio podría llevar la inflación hasta el 5,9%.
Las previsiones, sin embargo, presentan diferencias importantes. Ceprede considera que los precios comenzarán a moderarse progresivamente y sitúa tanto la inflación de diciembre como la media anual en el 3,3%. CaixaBank Research calcula que el ejercicio terminará con un IPC del 3,2%, mientras que ING espera una mejora en septiembre, aunque mantiene una previsión del 4% para el último trimestre, lo que elevaría la media de 2026 hasta el 3,5%. Parte de esta moderación se explica por el efecto de comparación interanual, ya que los precios energéticos ya registraban niveles elevados en el último trimestre de 2025.
En cualquier caso, las distintas estimaciones sitúan la inflación de cierre de año por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo. La evolución de los precios tendrá así una doble repercusión: por un lado, condicionará el poder adquisitivo de los hogares y, por otro, incrementará el coste de mantener actualizado el sistema público de pensiones.
La presión sobre estas cuentas ya es elevada. La AIReF estimó que el gasto en pensiones crecería un 5,9% durante 2026, con la revalorización vinculada al IPC como uno de los principales factores detrás del aumento, junto con el crecimiento del número de beneficiarios. En agosto, la Seguridad Social abonó alrededor de 10,5 millones de pensiones.
Durante los siete primeros meses de 2026, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinó 109.847 millones de euros al pago de pensiones, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cantidad representa ya el 68,8% del presupuesto previsto para las pensiones contributivas en el conjunto del ejercicio. Las prestaciones de jubilación concentraron el 73,8% del gasto, con unos 81.100 millones de euros, mientras que las pensiones de viudedad supusieron 16.637 millones y las de incapacidad, 10.595 millones.