(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal
El Gobierno busca reintroducir como una figura de carácter europeo el recargo aplicado al sector energético, aunque las compañías temen que acabe convirtiéndose en otro impuesto "temporal" que, en la práctica, nunca se elimina.
El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha sustituido a María Jesús Montero, debutó en el Parlamento defendiendo la creación de un nuevo gravamen provisional. En esta ocasión, la propuesta consiste en aumentar la carga fiscal sobre los beneficios de las empresas energéticas debido al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo.
La medida no es nueva, pero llama la atención que se plantee justo después de que el Estado haya encadenado cuatro récords consecutivos de recaudación y haya superado por primera vez los 300.000 millones de euros en ingresos. El ministro justificó la iniciativa apelando a la "justicia fiscal" en el reparto de los costes de la guerra. Sin embargo, el Gobierno de PSOE y Sumar no dispone de apoyos suficientes en el Congreso para aprobarla, por lo que ha solicitado a la Comisión Europea -junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal- que impulse este gravamen a nivel comunitario, lo que facilitaría su aprobación y homogeneizaría criterios. Este asunto formará parte de las conversaciones entre Pedro Sánchez y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, en la Moncloa.
Pese a ello, las empresas del sector desconfían de que este recargo tenga una duración limitada, y no les faltan motivos. En anteriores ocasiones, el Ejecutivo ha intentado aumentar por decreto la fiscalidad de eléctricas y gasistas, pero se ha encontrado con el rechazo del Congreso -incluidos socios como Junts y PNV, además de PP y Vox-, al considerar que estas medidas podrían afectar negativamente a las inversiones en infraestructuras y redes.
El Ejecutivo ha señalado al sector energético, junto con el bancario, como objetivo de mayores cargas fiscales. De hecho, lo ocurrido con el impuesto sobre los beneficios "extraordinarios" de la banca refuerza las dudas del sector energético. Este tributo, aprobado en 2022 con carácter temporal para 2023 y 2024, sigue vigente tras su prórroga hasta 2027 acordada con el PNV, y existe la intención de convertirlo en permanente.
Un ejemplo claro de cómo un impuesto temporal puede acabar prolongándose es el Impuesto sobre el Patrimonio. Creado en 1977 con un fin censal, fue posteriormente bonificado al 100%, pero se reactivó durante la crisis financiera para compensar la caída de ingresos públicos. Aunque algunas comunidades autónomas lo neutralizaron con bonificaciones, el actual Gobierno introdujo el denominado "Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas" para armonizar la tributación. Aunque en teoría es provisional, ligado a la reforma de la financiación autonómica, desde la izquierda se plantea mantenerlo de forma indefinida.
Asimismo, la disputa judicial sobre los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, instaurados en 2016 durante la etapa de Cristóbal Montoro para adelantar ingresos en plena crisis de deuda, refleja la dificultad de eliminar medidas fiscales concebidas como temporales. La reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló este sistema, evidencia la tendencia de la Administración a conservar este tipo de instrumentos más allá de su carácter inicial.