(El País, 13-07-2026) | Laboral
El aumento de las bajas laborales en España ha reabierto el debate entre sindicatos y organizaciones empresariales, que, pese a sus diferencias sobre las causas del fenómeno, coinciden en señalar que uno de los principales factores que prolongan la duración de las incapacidades temporales es el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente las listas de espera.
Mientras la patronal insiste en la necesidad de combatir el absentismo injustificado, los sindicatos sostienen que el verdadero problema radica en que muchos trabajadores continúan acudiendo a su puesto pese a estar enfermos por temor a perder el empleo. Sin embargo, ambas partes reclaman un refuerzo de los recursos sanitarios para reducir los tiempos de espera, agilizar los diagnósticos y acelerar la recuperación de los pacientes.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la contratación de más profesionales sanitarios, una mayor dotación para la sanidad pública y una colaboración más estrecha con las mutuas para acortar los procesos de incapacidad temporal. En la misma línea, UGT ha instado a las comunidades autónomas a reforzar los servicios sanitarios, especialmente en aquellos territorios donde las listas de espera prolongan innecesariamente las bajas laborales. Comisiones Obreras también atribuye parte del incremento de las incapacidades temporales al retraso en la obtención de consultas médicas, pruebas diagnósticas y tratamientos especializados.
Esta valoración coincide con las conclusiones del informe elaborado por el Consejo General de Graduados Sociales, que subraya la existencia de importantes diferencias territoriales en la gestión de las bajas laborales. Según el organismo, la rapidez con la que funcionan la atención primaria y la asistencia especializada influye directamente en la duración de los procesos, aunque recuerda que también intervienen otros factores como la edad de la población trabajadora, la estructura productiva de cada comunidad autónoma o el tamaño medio de las empresas.
Las cifras de las listas de espera reflejan una realidad desigual entre territorios. A finales de 2025, más de 853.500 personas aguardaban una intervención quirúrgica en España, con una demora media de 121 días. Andalucía encabezaba la clasificación con 173 días de espera, seguida de Cataluña con 142 y Cantabria con 137, mientras que Madrid registraba el menor plazo medio, con 50 días. No obstante, la duración de las listas de espera no siempre coincide con una mayor incidencia de bajas laborales, ya que influyen otros elementos de carácter demográfico y económico.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha constatado una relación entre los tiempos de espera sanitarios y la duración de las incapacidades temporales. Su análisis concluye que las demoras para acceder a intervenciones quirúrgicas suelen traducirse en bajas laborales más prolongadas, especialmente en especialidades como angiología, oftalmología o cirugía maxilofacial, donde la operación constituye un elemento decisivo para la recuperación del paciente.
En el ámbito de las consultas con especialistas, la relación también existe, aunque resulta menos intensa y más heterogénea. La AIReF identifica una mayor influencia de las listas de espera en áreas como neurología, aparato digestivo o traumatología, donde la valoración especializada resulta determinante para confirmar el diagnóstico o establecer el tratamiento más adecuado.
El organismo recuerda además que diversos estudios internacionales han demostrado que los retrasos en la atención sanitaria no solo afectan a la recuperación clínica, sino también a la reincorporación al trabajo. Entre ellos destaca una investigación realizada en Noruega que concluyó que cada diez días adicionales de espera para una intervención ortopédica prolongan la baja laboral en unos 2,6 días. Otro estudio en ese mismo país asoció mayores tiempos de espera con un incremento acumulado de 8,7 días de ausencia laboral durante los cinco años posteriores, además de elevar el riesgo de acceder a una pensión por incapacidad permanente.
Ante esta situación, la AIReF propone reforzar la coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las mutuas colaboradoras y las empresas. El organismo considera que el actual reparto competencial genera una disfunción estructural, ya que la autoridad clínica que concede las bajas depende de los servicios de salud autonómicos, mientras que el coste económico de las prestaciones corresponde a la Seguridad Social, lo que dificulta una gestión más eficiente del sistema.
Precisamente con el objetivo de mejorar esa coordinación, en septiembre de 2024 la Seguridad Social, las organizaciones empresariales y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para ampliar la participación de las mutuas en el diagnóstico y tratamiento de las bajas por patologías musculoesqueléticas. Sin embargo, su desarrollo está siendo desigual, ya que requiere la firma de convenios específicos con cada comunidad autónoma.
Hasta el momento, únicamente Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares han formalizado estos acuerdos, mientras que Navarra mantiene las negociaciones abiertas. El resto de comunidades todavía no se han adherido al sistema, aunque algunas, como Galicia, han optado por impulsar medidas propias para reducir la duración de las bajas laborales. Paralelamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene abiertas las conversaciones con sindicatos y empresarios para estudiar nuevas medidas, si bien las negociaciones previsiblemente no se reactivarán hasta después de las elecciones de la CEOE previstas para el próximo otoño.