(El Economista, 20-04-2026) | Laboral
Estas personas extranjeras ya residen en España y muchas de ellas trabajan en la economía informal. Por ello, tanto el Gobierno como diversos centros de estudios se muestran optimistas sobre sus posibilidades de acceder a un empleo formal y aumentar las afiliaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, desde el ámbito del diálogo social surgen dudas, advirtiendo de que el primer impacto podría ser un incremento de inscritos en las oficinas del SEPE.
Se calcula que hay alrededor de 550.000 trabajadores, en su mayoría procedentes de Centro y Sudamérica, con una presencia destacada de mujeres que desempeñan labores en sectores como el servicio doméstico, la hostelería o la construcción. Esta estimación proviene de la diferencia entre los extranjeros afiliados a la Seguridad Social y los ocupados reflejados en la EPA, que incluye parte de la economía sumergida. No obstante, el número real de beneficiarios en edad laboral podría ser mayor, ya que no existe un registro oficial detallado.
Tanto sindicatos como organizaciones empresariales alertan de que el paso del empleo irregular al trabajo formal podría no ser tan rápido como se prevé. Señalan que muchos empleadores podrían no estar dispuestos a regularizar a estos trabajadores pagando el salario mínimo o el establecido por convenio, además de asumir las cotizaciones sociales. Por otro lado, también es posible que algunos trabajadores opten por buscar otros empleos, lo que podría incrementar las cifras de desempleo.
A diferencia del proceso de regularización de 2005, este nuevo modelo no está vinculado directamente a la obtención de un empleo, por lo que una solicitud aprobada no implica automáticamente el alta en la Seguridad Social. La normativa permite que estas personas puedan empezar a trabajar en cuanto se les notifique que su solicitud está en trámite, aunque muchos tendrán que iniciar entonces la búsqueda activa de empleo.
Al haber estado en situación irregular, no tienen derecho a prestaciones por desempleo, pero sí pueden acudir a los servicios públicos de empleo para recibir formación o acceder a determinados sectores. En el marco del diálogo social se prevé que esta opción se utilice especialmente para incorporarse a trabajos en hostelería durante la temporada de verano.
Por su parte, las empresas pueden beneficiarse de bonificaciones en las cotizaciones si contratan a personas desempleadas, como parados de larga duración, jóvenes sin formación o colectivos vulnerables. Para acceder a estos incentivos, suele ser necesario que el trabajador esté inscrito en los servicios públicos de empleo, lo que podría fomentar un aumento de registros en el SEPE, ya sea por iniciativa propia o por recomendación durante procesos de selección.
El economista Florentino Felgueroso, vinculado a Fedea, matiza estas previsiones y considera que es pronto para evaluar el impacto, aunque no anticipa un aumento significativo del paro registrado, ya que normalmente quienes se inscriben son personas que ya han cotizado previamente. No obstante, sí contempla que puedan recurrir tanto a la formación reglada como a la ofrecida por los servicios de empleo. En este sentido, recuerda que cuando estas acciones formativas se prolongan durante meses, los participantes dejan de contabilizarse como parados y pasan a ser demandantes de empleo no ocupados (DENOS), un grupo que no se incluye en las cifras oficiales de desempleo.
Felgueroso también apunta que la regularización amplía las oportunidades laborales de estos trabajadores, lo que podría favorecer su incorporación a empleos formales en sectores con falta de relevo generacional o escasez de mano de obra. A su juicio, los efectos podrían empezar a notarse en las afiliaciones durante el verano y meses posteriores, en función de la evolución de los trámites administrativos. Además, considera que el número de beneficiarios podría estar infravalorado y acercarse más al millón de personas.
A medio plazo, el panorama sigue siendo incierto. La economista de Funcas, Mª Jesús Montero, señala que el impacto dependerá de hasta qué punto estas personas ya participan en el mercado laboral, ya sea trabajando, buscando empleo o en situación de desempleo, algo difícil de determinar. También destaca las limitaciones de la EPA para medir el trabajo informal, especialmente en el caso de personas en situación irregular, que pueden mostrar mayor movilidad geográfica o reticencia a participar en encuestas.
Según explica, la regularización permitirá que más personas se inscriban en el SEPE, lo que se reflejará en parte en las estadísticas, aunque su impacto en la EPA dependerá de la representatividad de los datos. Además, advierte de que procesos como la reagrupación familiar podrían influir en los flujos migratorios y que el mercado laboral podría tener dificultades para absorber a esta nueva población activa en un contexto de desaceleración económica.