(El Economista, 28-04-2025) | Laboral
El pasado jueves, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta decisión ha generado fuertes críticas entre las organizaciones empresariales, que consideran que la medida margina la negociación colectiva y podría tener efectos negativos en la actividad empresarial.
Según el informe Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), esta nueva normativa podría suponer un coste de unos 13.900 millones de euros para las pymes. Dado que en España existen aproximadamente 2,9 millones de estas empresas, el impacto medio anual por pyme sería de unos 4.793 euros.
Más allá de los costes directos, la patronal advierte que esta medida podría afectar a la contratación de nuevos trabajadores, aumentar las horas extra y provocar una caída en la producción. De hecho, Cepyme calcula que, si las empresas no logran adaptarse, la pérdida de producción podría llegar a representar un impacto económico de 33.800 millones de euros.
Ante este escenario, fuentes de Cepyme aseguran a elEconomista.es que la decisión del Gobierno responde más a "anuncios populistas" que al interés general. La patronal denuncia que se trata de una normativa sin un análisis económico riguroso que perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales todavía están lejos de las 37,5 horas semanales. "¿Cómo van a soportar ahora un aumento salarial del 6%? Esta subida, arbitraria e injustificada, supone además una clara injerencia en el sistema de convenios colectivos", advierten.
La reducción de jornada afectará aproximadamente al 76,1% de los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de asalariados, según datos de 2022. El impacto varía según el sector: en las actividades inmobiliarias, la hostelería, la agricultura, el comercio y las telecomunicaciones afectará a más del 90% de los trabajadores, mientras que en la Administración Pública y el sector financiero apenas afectará al 4,9% y 7,5%, respectivamente.
Desde el punto de vista económico, el comercio será el sector más perjudicado, con pérdidas estimadas de 3.208 millones de euros al año, lo que supone 1.484 euros por trabajador. Le siguen la industria manufacturera, con 2.940 millones, y la hostelería, con 1.697 millones de euros en pérdidas. En cambio, las Administraciones Públicas, las Industrias Extractivas y el sector financiero sufrirán un impacto mucho menor.
El grado de ajuste que deberá hacer cada sector también varía: mientras que la hostelería deberá reducir la jornada un 4,2%, el comercio lo hará en un 4%, y las actividades inmobiliarias en un 3,8%. En cambio, sectores como las Administraciones Públicas y las Finanzas apenas tendrán que realizar recortes del 0,1% y 0,2% respectivamente.
Una de las críticas más destacadas hacia la medida ha sido la manera unilateral en que se ha adoptado. Inicialmente, la reducción de la jornada fue objeto de negociación entre sindicatos y patronales, pero, ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo decidió intervenir. Tras la negativa de las patronales a aceptar las propuestas ministeriales, el Gobierno optó por aprobar la norma por su cuenta.
Las patronales insisten en que la reducción de jornada debería haberse negociado dentro del marco de la negociación colectiva, subrayando que las estadísticas muestran que, históricamente, la jornada laboral pactada en los convenios ya seguía una tendencia descendente: de 40,4 horas semanales en 1983, se bajó a 38,4 en 2003, y a 38 en 2020. Esta evolución ha sido aún más pronunciada en los convenios de empresa, donde se redujo de 40 horas en 1983 a 37 horas en 2007. Aunque en los últimos cuatro años ha habido un ligero aumento, la jornada media sigue siendo inferior a las 37,5 horas establecidas en la nueva norma.