(El Economista, 29-05-2025) | Laboral
Desde hace más de un año, la patronal viene alertando sobre las consecuencias negativas que podría acarrear la reducción legal de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. No obstante, algunos de los efectos que han señalado han perdido protagonismo y apenas se mencionan entre las posibles medidas de compensación que el Congreso podría incluir antes de dar luz verde definitiva a la norma. Uno de esos aspectos poco abordados es el impacto económico que supondría para las empresas que actualmente tienen contratos en vigor con las administraciones públicas, ya que el recorte de jornada se traduciría para ellas en un aumento de costes laborales de unos 1.300 millones de euros que no podrían repercutir en el sector público.
Este problema afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios a ayuntamientos y cuya actividad requiere mucha mano de obra. Estas compañías, como las dedicadas a mantenimiento, limpieza, atención a personas dependientes, atención telefónica o servicios de comedor comunitario, sufren especialmente los cambios normativos en materia laboral, como ya ocurrió con las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional. A pesar de ello, el Proyecto de Ley del Ministerio de Trabajo no contempla medidas específicas para atender su situación, y desde el sector afirman que la reforma sería "inasumible" en su estado actual.
El Consejo Económico y Social (CES), en el que están representados empresarios y sindicatos, ya señaló este problema en su dictamen sobre el borrador de la ley publicado en febrero. En él, instaba al Gobierno a tener en cuenta la situación de las empresas con contratos públicos en vigor y adaptar la reforma a las particularidades de cada sector. A pesar de esta advertencia, el Ejecutivo no incorporó cambios al texto antes de remitirlo al Congreso.
La cuestión tampoco tomó por sorpresa al Ministerio de Trabajo, ya que fue uno de los temas discutidos durante la mesa de diálogo social que concluyó en diciembre. En su momento, el departamento de Yolanda Díaz se mostró dispuesto a introducir modificaciones legales que permitieran revisar los precios de los contratos públicos ante aumentos legales de los costes laborales. Sin embargo, el fin de las negociaciones con la patronal impidió que se incluyera alguna mención al respecto en la redacción definitiva de la norma ni en su memoria explicativa.
Este martes, la vicepresidenta segunda mencionó durante la Asamblea General de CEAJE -la organización empresarial de jóvenes empresarios- que la reducción de jornada debería "indexarse" a ciertos factores, lo que ha renovado las esperanzas del sector. En especial, confían en el apoyo de partidos como el PNV, que en anteriores ocasiones han mostrado sensibilidad con las demandas empresariales. No obstante, recuerdan que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado reiteradamente su oposición a introducir ajustes en esta materia.
Mientras se espera a conocer si finalmente se aprueba la medida y si se introducen enmiendas que atiendan las preocupaciones del tejido empresarial, el secretario general de AlianZAS -plataforma que agrupa a más de diez sectores que prestan servicios indirectamente a la Administración- manifiesta su inquietud por el aumento estimado de los costes laborales, que calcula en un incremento de entre el 4% y el 4,3%, lo que supondría entre 1.270 y 1.350 millones de euros.