(El País, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Junts se ha convertido en el último obstáculo para sacar adelante la prórroga de la moratoria antidesahucios dirigida a inquilinos vulnerables. Este miércoles, diversas plataformas sociales mantuvieron reuniones con todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, excepto con la formación independentista. Según estas organizaciones, el resto de los grupos se muestran "favorables" a renovar la medida, de la que dependen más de 60.000 familias vulnerables. Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), confirma esta disposición, aunque señala que el Gobierno aún no ha fijado una fecha para aprobarla. En cualquier caso, debe hacerse antes del 31 de diciembre, cuando expira la moratoria. Respecto a Junts -que rompió relaciones con el Ejecutivo en octubre-, la PAH explica que su ausencia se debió a problemas de agenda, pero que la formación se ha comprometido a reunirse próximamente.
Durante el encuentro, las organizaciones participantes -PAH, Confederación Intersindical, CC OO, Federación de Consumidores y Usuarios, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Amnistía Internacional y UGT- reclamaron que la moratoria deje de vincularse a situaciones excepcionales como la covid o la guerra de Ucrania. Su propuesta es que pase a ser un mecanismo permanente para evitar renovaciones continuas. También pidieron a PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria que amplíen los criterios de acceso para incluir a nuevos colectivos vulnerables, aunque de momento no han recibido respuesta. Las plataformas están elaborando un texto con estas modificaciones para entregarlo cuanto antes a los grupos parlamentarios.
Morote insiste en que, si la prórroga no se aprueba antes del 1 de enero de 2026, se generará un "vacío legal" que permitirá a algunos jueces reactivar desahucios de familias vulnerables desde el primer mes del año. Por ello, exigen que el Ejecutivo apruebe el decreto ley "lo antes posible". Una vez publicado en el BOE, entraría en vigor de inmediato, aunque luego tendría que ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de un mes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró hace unas semanas que presentaría antes de final de año la actualización de varias medidas del escudo social, incluida la prohibición de desahuciar a hogares vulnerables.
Este mecanismo no protege a cualquier inquilino. Solo cubre a familias vulnerables para las que las Administraciones no hayan podido garantizar una alternativa habitacional. Incluye casos como víctimas de violencia de género, hogares con menores o personas dependientes, siempre que la vivienda pertenezca a un gran tenedor (propietario con más de 10 inmuebles residenciales). En última instancia, la decisión recae en el juez.
La moratoria fue aprobada durante la pandemia y ha sido extendida varias veces. La última prórroga se acordó el 23 de diciembre del año pasado y fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Las organizaciones aseguran que ha frenado alrededor de 60.000 desahucios de familias vulnerables y que, si decae, se generará -en palabras de Morote- "una crisis habitacional más grave que en los peores años de la Gran Recesión". Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), donde se integran pequeños propietarios y grandes fondos como Blackstone, opinan justo lo contrario. Afirman que prolongar la moratoria aumentaría la inseguridad jurídica, perjudicaría el derecho de propiedad y reduciría aún más la oferta de viviendas de alquiler.
Un estudio del Observatori DESCA, publicado hace un año, indica que solo en el 2% de los desahucios se facilita un realojo temporal, y que únicamente en el 3% se ofrece una vivienda social, pese a que las Administraciones están obligadas a proporcionar alternativas habitacionales o, si procede, compensar a los propietarios afectados.