(El País, 23-09-2026) | Fiscal
La desigualdad en la distribución de la riqueza y el papel de las grandes fortunas en el sistema fiscal han vuelto al centro del debate político y económico en España. El Congreso acogió este lunes una jornada dedicada a analizar la concentración patrimonial, sus efectos sobre la economía y la democracia y las posibles vías para combatirla, con la participación del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, expertos académicos y representantes de distintos grupos parlamentarios. El debate se produce además en un contexto en el que las propuestas para elevar la tributación de los patrimonios más elevados están ganando presencia en la agenda política.
Bustinduy defendió durante el encuentro la importancia de contar con mecanismos capaces de redistribuir la riqueza y vinculó la fortaleza de los servicios públicos con la igualdad de oportunidades. En su intervención, el ministro sostuvo que una concentración excesiva de la riqueza puede convertirse en un riesgo para el funcionamiento democrático. El planteamiento forma parte del debate impulsado por The Wealth Cap Project, iniciativa europea que promueve la discusión sobre la posibilidad de establecer límites a la acumulación extrema de patrimonio.
La organización presentó en el Congreso su informe Un tope a la Riqueza para España, que analiza diferentes alternativas para incrementar la contribución fiscal de los grandes patrimonios. Entre las opciones estudiadas figuran el establecimiento de un tipo mínimo para las grandes fortunas, un impuesto progresivo sobre la riqueza y un límite máximo a la acumulación patrimonial. El estudio calcula distintos escenarios de recaudación en función del diseño elegido, aunque se trata de simulaciones condicionadas por los tipos y umbrales que finalmente se establecieran.
Durante una de las mesas de debate, la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá Olga Cantó defendió que las actuales políticas fiscales no son suficientes para abordar la concentración patrimonial y señaló los posibles efectos de una acumulación extrema de riqueza sobre la capacidad de influencia política. En la misma línea, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, cuestionó que la redistribución pueda considerarse necesariamente un obstáculo para el crecimiento económico y situó la desigualdad entre los problemas que afectan al funcionamiento de las democracias.
El debate parlamentario mostró, no obstante, diferencias importantes entre las alternativas planteadas por los distintos grupos. Carlos Martín, portavoz de Sumar, reivindicó la propuesta registrada recientemente por su formación para crear un gravamen sobre los patrimonios superiores a 50 millones de euros. La iniciativa plantea un tipo del 3% sobre la parte del patrimonio neto que exceda de ese umbral y prevé destinar la recaudación a un fondo estatal de protección a la infancia. Sumar calcula que la medida podría afectar a unos 1.500 contribuyentes y generar alrededor de 4.200 millones de euros anuales.
Martín también defendió la necesidad de introducir mecanismos de democratización en las grandes empresas, mediante fórmulas de cogestión y participación de los trabajadores en la propiedad. Su intervención se produjo pocos días después de que el Congreso rechazara la propuesta legislativa sobre los grupos de interés, otro de los asuntos vinculados por Sumar con la transparencia y la influencia económica sobre las decisiones públicas.
Desde el PSOE, Patricia Blanquer reconoció los riesgos asociados a una elevada concentración de la riqueza empresarial, pero descartó que exista una única herramienta capaz de resolver el problema. La diputada defendió las medidas adoptadas por el Gobierno durante las últimas crisis para proteger a los colectivos con menores ingresos y puso el acento en combatir la evasión y la elusión fiscal, reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia una fiscalidad más justa, junto con mayores niveles de competencia, pluralismo y transparencia.
El portavoz del PP, Pedro Puy, también reconoció que la concentración de riqueza plantea un problema para las democracias, aunque consideró que las respuestas fiscales tradicionales pueden resultar insuficientes ante la nueva dimensión que ha adquirido la acumulación de capital. Puy se mostró partidario de gravar los grandes patrimonios y de revisar el funcionamiento del impuesto sobre sucesiones, al que atribuyó relevancia desde el punto de vista social. Al mismo tiempo, defendió que cualquier reforma debería abordarse, al menos, en el ámbito europeo para reducir los riesgos de deslocalización de capitales.
La jornada refleja así la creciente presencia en España del debate sobre cómo debe tributar la riqueza acumulada en los niveles más elevados. Mientras algunas propuestas plantean reforzar los impuestos existentes o crear nuevas figuras dirigidas específicamente a las grandes fortunas, otras ponen el acento en la coordinación internacional, la lucha contra la evasión fiscal y la mejora de los mecanismos redistributivos. En paralelo, iniciativas como The Wealth Cap Project han incorporado al debate una cuestión adicional: si, además de elevar la tributación, debería establecerse un límite a la cantidad de riqueza que una persona puede llegar a acumular.