(El Economista, 20-04-2026) | Fiscal
El sistema de pagos entre empresas en España ha afianzado los retrasos respecto a los plazos acordados al cierre del último año. De acuerdo con el Observatorio de la Morosidad de Cepyme, ha disminuido la puntualidad en los pagos: solo el 30,4% de las facturas se abonaron a tiempo o antes de su vencimiento, frente al 32,6% del ejercicio anterior.
Actualmente, la mayoría de las operaciones comerciales se concentran en retrasos de corta duración. Los pagos efectuados dentro de los 30 días posteriores al vencimiento ya suponen el 66,6% del total, tras aumentar 2,7 puntos porcentuales en el último año. En cambio, los retrasos más graves -los que superan ese plazo- representan el 3%, debido principalmente al incremento de pagos realizados entre los 60 y 90 días.
Aunque los tipos de interés han empezado a bajar, el coste financiero asociado a la deuda comercial sigue siendo elevado para las empresas. En el cuarto trimestre de 2025, este esfuerzo alcanzó los 5.568 millones de euros. De ellos, cerca de 2.000 millones correspondieron a pymes: 611 millones asumidos por microempresas (frente a 715 millones un año antes) y 781 millones por pequeñas empresas (frente a 915 millones en el mismo periodo de 2024).
El Periodo Medio de Pago (PMP) en España se situó en 80,5 días durante 2025. Aunque supone una ligera mejora respecto al año anterior, continúa superando en más de 20 días el límite legal de 60 días fijado por la normativa de morosidad. Las pequeñas empresas fueron la excepción a esta leve mejoría, ya que su PMP aumentó ligeramente, pasando de 78,7 días a finales de 2024 a 78,9 días en el mismo periodo de 2025. Aun así, encadenan siete trimestres seguidos por debajo de los 80 días.
En cuanto a la gestión de pagos aplazados, las empresas medianas presentan un comportamiento singular. Su índice de morosidad (Imfvp) creció un 12,8% en 2025, en contraste con las grandes compañías, donde cayó un 71,2%. A pesar de ello, las medianas siguen en una posición relativamente mejor que la media nacional.
Las empresas más pequeñas muestran mayor resistencia en este indicador. En las pequeñas, el índice se mantuvo estable, mientras que en las microempresas descendió, aunque sin corregir su desventaja estructural. Estas últimas continúan siendo las más afectadas por la morosidad, con un nivel un 17% superior al promedio nacional, aunque se trata del dato más bajo desde 2008. Por su parte, las grandes empresas registraron una desviación del 13,2% respecto a la media nacional, lo que supone su mejor resultado en tres años, en línea con la fuerte reducción de su índice de morosidad.
Los plazos de pago varían de forma significativa según el sector y la región. La construcción presenta el mayor retraso, con un PMP de 96,5 días, niveles no vistos desde principios de 2024. Le sigue el sector agroalimentario, con 74,4 días. En cambio, los servicios y la industria han reducido sus plazos, situándose en 70,6 y 74,3 días, respectivamente. Dentro de los subsectores, el transporte lidera los mayores retrasos en servicios con 75,5 días, mientras que en la industria destaca maquinaria y equipo, con 88,8 días.
Por comunidades autónomas, Madrid encabeza los mayores plazos de pago con 90,9 días, seguida de Murcia (89,1) y Galicia (88,7). En el extremo contrario, Aragón (68,7 días) y Baleares (69 días) registran los periodos más reducidos.
El informe también señala que el índice general de morosidad en ventas a plazo (Imfvp) rompió su tendencia descendente al situarse en 54,1 puntos. Las microempresas siguen encabezando este indicador, superando la media nacional en un 17%, aunque en su nivel más bajo desde 2008. Las medianas, en cambio, continúan en mejor situación relativa.
Cepyme advierte que, pese a la moderación actual de la morosidad gracias al abaratamiento de la financiación, la incertidumbre en los precios de la energía y las materias primas podría provocar un repunte a corto plazo. En el caso de los autónomos, la situación sigue siendo especialmente delicada. Según el último barómetro de ATA, el 38,3% asegura sufrir retrasos en el cobro de sus facturas.
El origen principal de estos impagos se encuentra en el sector privado: un 19,6% los padece exclusivamente de empresas privadas, mientras que un 10,4% los sufre tanto del ámbito público como del privado. Además, un 8,3% señala directamente a las administraciones públicas. Estos retrasos tienen consecuencias directas en el empleo. El 17,9% de los autónomos que tenía previsto contratar personal ha tenido que renunciar a ello por problemas de liquidez.
Todo ello se produce en un contexto de fuerte presión económica: el 68,9% de los autónomos ya ha subido precios en lo que va de año y un 64,5% prevé hacerlo de nuevo si la situación no mejora. Además, existe un notable descontento con la respuesta institucional, ya que solo el 5,6% considera suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la situación económica actual.