(Expansión, 01-06-2026) | Laboral
Aunque la iniciativa tiene un carácter meramente informativo, las organizaciones empresariales valoran positivamente que el Gobierno esté reforzando las actuaciones destinadas a frenar el aumento de las bajas laborales y el elevado coste económico que generan tanto para las empresas como para las cuentas públicas. En el marco de la mesa de diálogo social abierta en el Ministerio de Seguridad Social, la CEOE ha planteado distintas propuestas para atajar especialmente los casos considerados más problemáticos, los correspondientes a trabajadores con reiteradas situaciones de incapacidad temporal.
En este contexto, el reciente informe de la AIReF sobre el sistema de incapacidad temporal en España puso de manifiesto que las bajas laborales se concentran cada vez más en un grupo reducido de personas. El estudio señala que el 25% de los beneficiarios acumula más de la mitad de los procesos de baja: representaban el 51% en 2017 y alcanzan ya el 55% en 2024. Asimismo, el 50% de los trabajadores concentra el 77% de los episodios registrados en 2024, cuatro puntos más que siete años antes. Estos datos evidencian que un núcleo relativamente pequeño de beneficiarios absorbe una parte creciente del total de procesos.
Ante esta situación, la patronal reclama al departamento que dirige la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que active actuaciones de la Inspección antes de que se alcance el límite de 365 días de baja, momento en el que los inspectores médicos pasan a asumir la competencia exclusiva sobre el proceso. El objetivo es reforzar los controles y aumentar la supervisión complementaria a la que ya realizan los servicios públicos de salud y las mutuas.
El aumento del absentismo sigue teniendo además un fuerte impacto económico. El año pasado, el coste conjunto para empresas y Seguridad Social derivado de las prestaciones por incapacidad temporal rondó los 33.000 millones de euros. De esa cantidad, las arcas públicas asumieron más de 18.500 millones.
La tendencia continúa al alza en 2026. Durante el primer trimestre del año ya se aprecia un nuevo incremento que anticipa un gasto récord al cierre del ejercicio. Según datos de AMAT, entre enero y marzo el coste directo soportado por las empresas creció un 7%, acercándose a los 2.500 millones de euros. Paralelamente, la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja un aumento del 14,4% en el gasto destinado a prestaciones por incapacidad temporal, superando los 4.600 millones de euros.