(El País, 10-07-2026) | Laboral
El aumento de las bajas por incapacidad temporal continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para las organizaciones empresariales, que desde hace meses reclaman medidas para frenar un fenómeno cuya incidencia se ha duplicado en la última década. A su juicio, este incremento perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas y reduce la competitividad del tejido productivo. El principal escenario para abordar esta cuestión es la mesa de diálogo social que reúne al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los sindicatos UGT y CCOO, así como con las patronales CEOE y Cepyme. Sin embargo, pese a que las conversaciones comenzaron hace casi dos años, todavía no se han traducido en reformas concretas.
El debate ha cobrado un nuevo impulso tras las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó el absentismo laboral como "un cáncer" y cuestionó que los trabajadores de baja perciban la misma retribución que cuando desempeñan su actividad. Aunque posteriormente su partido matizó estas afirmaciones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de analizar el impacto del absentismo y diferenciar los casos realmente derivados de enfermedades o accidentes de otras situaciones.
La preocupación por la incapacidad temporal no es nueva. Ya en mayo de 2023, patronal y sindicatos incluyeron este asunto en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, donde mostraban su inquietud por el aumento de las bajas por contingencias comunes y defendían la adopción de medidas para mejorar la salud de los trabajadores. Entre ellas figuraba potenciar la colaboración de las mutuas en el diagnóstico y tratamiento de determinadas bajas traumatológicas, una propuesta que posteriormente fue incorporada al acuerdo alcanzado en 2024 dentro de la última fase de la reforma de las pensiones.
Ese pacto abrió la puerta a que las comunidades autónomas suscribieran convenios con la Seguridad Social para aprovechar los recursos asistenciales de las mutuas y reducir la duración de determinadas bajas médicas. No obstante, su implantación ha sido limitada. Hasta el momento solo Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares han formalizado estos acuerdos, mientras que Navarra continúa negociando su adhesión.
Con el objetivo de avanzar en una reforma más amplia, el Gobierno abrió una nueva mesa de negociación específica sobre incapacidad temporal en octubre de 2024. El debate comenzó rodeado de polémica tras plantearse la posibilidad de implantar una baja laboral flexible que permitiera una reincorporación parcial al trabajo. La propuesta fue rápidamente matizada por el Ejecutivo, que pasó a defender un sistema de reincorporación progresiva una vez obtenida el alta médica.
Desde entonces, las conversaciones han continuado con avances limitados. Uno de los principales obstáculos surgió cuando UGT y CCOO condicionaron cualquier acuerdo al desbloqueo de la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, una medida que finalmente fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio. Aun así, los representantes sindicales consideran que todavía existen importantes diferencias para cerrar un pacto sobre la gestión de las bajas médicas.
El Ministerio de Seguridad Social mantiene su confianza en que el diálogo social permita alcanzar consensos que puedan traducirse posteriormente en reformas legislativas. Desde el departamento recuerdan que la negociación es un proceso complejo y destacan que la incapacidad temporal constituye actualmente uno de los asuntos prioritarios dentro de la agenda de diálogo con los agentes sociales.
Las posiciones siguen siendo, no obstante, muy diferentes. Los sindicatos rechazan ampliar las competencias de las mutuas para otorgar altas médicas en procesos derivados de enfermedad común, mientras que las organizaciones empresariales consideran insuficientes las medidas planteadas hasta ahora y reclaman un mayor control sobre las situaciones de incapacidad temporal.
Entre las propuestas que continúan sobre la mesa figura la creación de un órgano que unifique los criterios de los tribunales médicos y la regulación de las denominadas altas progresivas, una medida que requeriría modificar la legislación vigente. Los sindicatos también reclaman otras mejoras, como establecer una prestación específica para pacientes oncológicos o permitir que un trabajador con varios empleos pueda recibir el alta para una actividad concreta y mantener la baja para otra cuando así lo considere el médico responsable.
Mientras tanto, las patronales reprochan al Gobierno la falta de avances desde la última reunión celebrada en abril y consideran que varias modificaciones podrían haberse aprobado ya mediante decreto. Pese a ello, ambas partes mantienen abierta la vía del diálogo y no descartan alcanzar un acuerdo una vez se retomen las negociaciones tras el verano y se celebren las elecciones internas de la CEOE previstas para el próximo mes de octubre.