(El País, 07-01-2026) | Fiscal
El inicio del nuevo año ha venido acompañado de un episodio controvertido en el ámbito de la fiscalidad internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos anunció recientemente lo que calificó como un avance histórico: la aprobación formal de una versión revisada del impuesto mínimo del quince por ciento para las grandes multinacionales. El acuerdo, respaldado por más de ciento cuarenta y cinco países y territorios integrados en el Marco Inclusivo OCDE-G20, se presenta como una muestra de cooperación internacional en un contexto de crecientes fricciones geopolíticas. Sin embargo, el nuevo diseño suaviza de forma notable la propuesta original, ya que excluye a las multinacionales estadounidenses, las más influyentes a escala global, lo que deja a la Unión Europea en una posición de desventaja, después de haber incorporado la primera versión del impuesto como norma obligatoria.
El eje central del acuerdo es la implantación de un sistema paralelo que permite la convivencia entre los regímenes nacionales de tributación mínima y el marco internacional impulsado por la OCDE en dos mil veintiuno. Esta revisión autoriza a los países que cuenten con un impuesto mínimo propio, siempre que cumpla determinados requisitos técnicos, a seguir aplicando su normativa interna en lugar de adherirse plenamente al esquema global. En la práctica, solo Estados Unidos reúne actualmente estas condiciones, un resultado coherente con la presión ejercida por Washington para forzar este cambio.
Tras su regreso a la presidencia, Donald Trump rechazó frontalmente el impuesto mínimo global, conocido como pilar dos, al considerar que perjudicaba a las empresas estadounidenses y recordando que su país ya dispone de un gravamen mínimo corporativo aprobado durante su anterior mandato. Su oposición fue acompañada de amenazas de represalias contra aquellos Estados que aplicaran impuestos con efectos extraterritoriales sobre grupos norteamericanos.
Esta estrategia de presión ya había dado resultados en el seno del G-7, que el pasado verano acordó excluir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo. Ahora, la Administración estadounidense ha celebrado el nuevo enfoque de la OCDE como un logro tanto diplomático como económico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el acuerdo supone una victoria histórica en defensa de la soberanía fiscal de Estados Unidos y en la protección de sus empresas y trabajadores, al tiempo que criticó a la anterior Administración demócrata por haber respaldado inicialmente el proyecto de la OCDE.
Desde las instituciones europeas no se han emitido valoraciones oficiales, aunque sí se han producido reacciones individuales. El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, calificó el pacto como un avance positivo que contribuye a estabilizar el sistema tributario internacional. Entre los Estados miembros, Irlanda se ha mostrado favorable a las nuevas reglas, una postura coherente con su tradicional atractivo fiscal para las grandes multinacionales.
El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, señaló que el acuerdo aporta seguridad y previsibilidad, destacando que reconoce la solidez tanto del sistema fiscal estadounidense como del impuesto mínimo global. También recordó que está prevista una revisión del sistema paralelo en dos mil veintinueve, con el objetivo de corregir posibles desequilibrios o problemas de competitividad que puedan surgir.
Esta referencia apunta a las reticencias expresadas por otros países europeos durante la negociación. Estados como Estonia, Polonia o la República Checa se opusieron al texto en su fase final, al considerar que las nuevas normas perjudican la competitividad de las empresas europeas, según informó la prensa económica internacional.
El impuesto mínimo global para multinacionales con una facturación superior a setecientos cincuenta millones de euros fue acordado en dos mil veintiuno, en plena crisis sanitaria, con el objetivo de frenar la evasión fiscal y la competencia a la baja entre países. La Unión Europea fue una de las primeras en convertir este acuerdo en legislación vinculante. Sin embargo, el nuevo marco deja una aplicación asimétrica: no todas las grandes economías están sujetas a las mismas reglas, y las cargas administrativas asociadas al impuesto mínimo penalizan a las multinacionales europeas frente a sus competidoras estadounidenses, que quedan al margen de estas obligaciones.
Diversas organizaciones sociales y centros de análisis críticos también han expresado su decepción por la pérdida de ambición del acuerdo. Desde Tax Justice Network, su director ejecutivo, Alex Cobham, ha cuestionado que la OCDE no haya hecho públicas estimaciones cuantitativas sobre el impacto del pacto y ha denunciado que los países desarrollados, incluidos los europeos y el Reino Unido, han cedido ante Estados Unidos su capacidad soberana para gravar a las empresas que operan dentro de sus fronteras.