(El Economista, 04-11-2026) | Laboral
La dificultad para mantener un hogar con un único salario se agrava en un contexto de elevada inflación, pero la situación resulta especialmente crítica cuando no se dispone de ningún ingreso. El último informe de la Fundación Adecco pone de manifiesto la vulnerabilidad económica de las familias monoparentales en España, una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres. De los 1.944.800 hogares de este tipo contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 81,4%, equivalente a 1.582.100, está encabezado por una mujer. Para muchas de estas madres, el desempleo supone un riesgo de exclusión social y económica. De hecho, el 49,5% de las desempleadas reconoce que estaría dispuesta a aceptar un trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social con tal de conseguir ingresos.
La tasa AROPE de pobreza y exclusión social entre estos hogares se sitúa en el 50,6%, prácticamente el doble de la media nacional, que alcanza el 25,7%. Ante esta situación, el 76,2% de las madres desempleadas necesita recurrir a algún tipo de apoyo familiar, institucional o social para salir adelante. Las prestaciones y ayudas públicas son esenciales para el 51% de ellas, mientras que el 19% depende principalmente de la ayuda de familiares y el 12% de las aportaciones de entidades sociales. Otro 18% combina varias de estas fuentes de apoyo.
Sin embargo, esta red de protección no ofrece seguridad a largo plazo. El 62,9% de las mujeres que reciben estas ayudas asegura que no tiene garantías de poder seguir contando con ellas durante los próximos doce meses. Además, nueve de cada diez madres que afrontan solas la crianza llegan a final de mes con algún grado de dificultad. Los principales gastos que tienen problemas para asumir son los relacionados con la educación de sus hijos, señalados por el 54%, y la vivienda, mencionada por el 44%.
La falta de recursos también limita su capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 73,5% de estas mujeres no podría hacer frente a un desembolso de 600 euros, ya fuera por una avería en el hogar o por una necesidad médica. Esta precariedad contribuye a explicar por qué una parte de ellas estaría dispuesta a aceptar empleos en la economía sumergida, aun renunciando a derechos y protecciones básicas como las prestaciones por enfermedad o accidente y las cotizaciones necesarias para su futura jubilación.
El acceso a un empleo estable, con una remuneración suficiente y condiciones compatibles con las responsabilidades familiares, permitiría reducir esta dependencia. El 78,1% de las encuestadas considera que dejaría de necesitar total o parcialmente las ayudas familiares, públicas o sociales si dispusiera de un trabajo de estas características. No obstante, las dificultades para incorporarse al mercado laboral siguen siendo importantes. El 56% afirma que comunicar su situación familiar durante un proceso de selección reduce sus posibilidades de contratación debido a los prejuicios sobre su disponibilidad. Asimismo, el 73,2% ha tenido que rechazar una oferta de empleo o abandonar un proceso de selección por la imposibilidad de compatibilizar la jornada laboral con el cuidado de sus hijos.
El informe apunta a la necesidad de abordar el problema mediante cambios en las políticas de empleo y contratación, más allá de las ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades inmediatas. La mejora de la flexibilidad laboral, la adaptación de las jornadas y una mayor implicación de las empresas y las administraciones públicas resultan fundamentales para facilitar el acceso a empleos formales y estables. Sin estas medidas, una parte importante de los hogares monoparentales corre el riesgo de permanecer atrapada en la precariedad y de transmitir las situaciones de pobreza a las siguientes generaciones.