(La Vanguardia, 13-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La ley impulsada por Junts para luchar contra la multirreincidencia ha sido aprobada por la mayoría del Congreso, incluyendo PSOE y PP, tras permanecer congelada durante más de un año. La iniciativa recibió 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, y ahora será remitida al Senado. Podemos, Sumar y Bildu votaron en contra, argumentando que la medida no servirá para frenar los hurtos y que solo favorece a la extrema derecha, mientras que ERC se abstuvo. La reforma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y contempla penas de hasta tres años de prisión por el robo de móviles.
La reforma establece que, si el valor de lo sustraído no supera los 400 euros, se impondrá una multa de uno a tres meses, mientras que anteriormente no se contemplaba cárcel. No obstante, la pena puede aumentar a uno a tres años de prisión cuando concurran circunstancias de multirreincidencia, es decir, si la persona ya ha sido condenada por tres delitos menos graves. La acumulación de delitos se considera un agravante cualificado, lo que permite que los jueces incrementen la pena hasta un 50% por encima del máximo legal. Además, al elevarse la gravedad de la infracción, se facilita la adopción de medidas más estrictas, como la prisión preventiva, para quienes cometen hurtos de forma reiterada.
Se añade un agravante específico para el robo de móviles u otros dispositivos electrónicos que contengan datos personales, aunque no se aplica a hurtos de aparatos nuevos en tiendas. Otra modificación, pactada con PP, PSOE y PNV, amplía la aplicación de la multirreincidencia a los casos de estafa con ánimo de lucro mediante engaño. Para determinar la pena, se tendrá en cuenta el importe defraudado, el perjuicio económico causado, la relación entre víctima y defraudador, los medios utilizados y otras circunstancias que reflejen la gravedad del delito. Asimismo, la reforma permite imponer de manera cautelar restricciones de movimientos al delincuente, como la prohibición de acudir a ciertos lugares, municipios o comunidades, o de acercarse o comunicarse con determinadas personas.
Finalmente, mediante otra enmienda acordada por PP, PNV y Junts, se establece una pena de uno a cinco años de prisión por el denominado 'petaqueo', que consiste en obstaculizar la logística de las narcolanchas al adquirir, almacenar, transportar o suministrar combustible de manera temeraria, contraviniendo la normativa vigente.