(El País, 19-02-2026) | Laboral
La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) podría hacerse efectiva a partir del próximo mes de marzo. Así se acordó en la reunión celebrada este martes por la comisión técnica permanente de la mesa general de negociación de la AGE, un órgano preparatorio de la próxima sesión formal prevista para comienzos de marzo, donde se aprobará definitivamente la medida, según fuentes sindicales. Actualmente, la jornada vigente es de 37,5 horas semanales.
Según la propuesta presentada ese mismo día por el Ministerio de Función Pública para modificar la normativa sobre horarios y jornada, la medida alcanzará a unos 250.000 empleados públicos. Se aplicará al personal de la AGE -principalmente trabajadores de los ministerios-, así como a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos públicos, agencias y otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de esta Administración.
Sin embargo, el plan actual excluye al personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Instituciones Penitenciarias y de los centros sanitarios o educativos, así como de los servicios de apoyo a la docencia. Estas exclusiones han generado malestar entre los sindicatos, especialmente en lo referente a los trabajadores de prisiones y del ámbito sanitario y educativo, todos ellos también dependientes de la AGE.
El sindicato CSIF ha reclamado al ministerio dirigido por Óscar López que la medida se convierta en normativa básica y se aplique sin excepciones a todo el personal de la AGE y al conjunto del sector público, incluidas las empresas estatales. En la misma línea, CC OO considera que estas exclusiones suponen un obstáculo importante para respaldar la propuesta gubernamental. Por su parte, UGT también defenderá la inclusión del personal penitenciario, aunque reconoce que debería regularse mediante una instrucción específica adaptada a sus turnos especiales. Ante esta situación, la comisión técnica volverá a reunirse antes de la mesa general para intentar incorporar a estos colectivos en el texto final.
Una vez se celebre dicha mesa -prevista igualmente para marzo, aunque aún sin fecha definitiva-, se trasladarán las directrices necesarias a los responsables de los distintos departamentos del sector público estatal para su puesta en marcha. Posteriormente, la Secretaría de Estado emitirá una resolución con instrucciones detalladas y se realizarán los ajustes necesarios para garantizar la prestación de los servicios, especialmente los de atención al público y la organización de turnos. Tras ello, la modificación de la instrucción de jornada y horarios se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los cálculos del ministerio y de los sindicatos, la nueva jornada podría entrar en vigor en marzo.
El ministerio ya había comunicado a finales de enero a las organizaciones sindicales el inicio de los trámites para implantar esta reducción horaria. En ese momento, el Gobierno confiaba en aplicarla antes de finalizar el primer trimestre, aunque advertía de que la complejidad administrativa podría retrasarla. Tras la reunión de este martes y salvo imprevistos de última hora, todo apunta a que los plazos previstos se cumplirán.