(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La inversión extranjera directa en España creció un 31,2% en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 12.446 millones de euros, según los últimos datos del Registro de Inversiones Extranjeras. El avance estuvo impulsado especialmente por el capital procedente de Estados Unidos, que concentró el 23% del total y aumentó un 84% respecto al mismo periodo de 2025.
El incremento también refleja un mayor peso de los proyectos destinados a crear o ampliar capacidad productiva. La inversión greenfield, correspondiente a nuevos proyectos, aumentó más de un 52%, mientras que las iniciativas greenfield y brownfield representaron conjuntamente el 30,5% de la inversión extranjera recibida entre enero y junio. Además, según fDi Markets, España fue el cuarto país del mundo que más proyectos de inversión extranjera captó durante los siete primeros meses del año, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e India.
Pese a la recuperación, el volumen acumulado todavía está por debajo del registrado en la primera mitad de 2024, cuando la inversión rondó los 21.500 millones de euros. Por territorios, Madrid concentró 5.635,7 millones, seguida de Cataluña, con 2.358,6 millones, y la Comunidad Valenciana, con 1.845,8 millones.
Este repunte coincide con la revisión del sistema de control de las inversiones extranjeras que prepara el Gobierno. El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para modificar el marco vigente y adaptar los mecanismos de supervisión a la evolución económica, tecnológica y geopolítica. Entre las propuestas figura ampliar el ámbito de control a determinados sectores, como los centros de datos, y establecer reglas específicas para determinadas inversiones greenfield.
La reforma pretende también introducir un procedimiento de autorización en dos fases, precisar qué operaciones quedan sometidas a control y cuáles pueden quedar exentas y simplificar el sistema de consulta voluntaria. En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha el Comité de Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es identificar y facilitar proyectos considerados relevantes para la economía española. Ambos mecanismos responden a objetivos distintos: mientras el primero supervisa posibles riesgos asociados a determinadas inversiones extranjeras, el segundo busca agilizar iniciativas consideradas estratégicas.