(El Economista, 17-11-2026) | Laboral
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede contabilizar conjuntamente a los trabajadores afectados por distintas actas de infracción cuando estas procedan de una misma investigación sobre una empresa. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de unificación de doctrina de 6 de octubre de 2026, que avala la aplicación de incrementos porcentuales en las sanciones en función del número total de personas perjudicadas.
El pronunciamiento confirma que no es necesario que todas las infracciones queden recogidas en una única acta administrativa para acumular el número de trabajadores afectados. Basta con que las distintas actuaciones sancionadoras formen parte de una misma investigación inspectora y respondan a una unidad material de actuación.
La resolución, cuyo ponente es el magistrado Martínez Moya, examina el caso de una empresa a la que se levantaron dos actas de infracción tras las comprobaciones realizadas por la Inspección. En la primera se detectaron 28 trabajadores que prestaban servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en la segunda se identificó a tres perceptores de prestaciones por desempleo que realizaban actividades incompatibles con su situación.
La Administración sumó los afectados de ambos expedientes, hasta alcanzar un total de 31 personas, y aplicó en la segunda sanción un incremento del 50%. La empresa impugnó esta decisión al considerar que cada acta debía valorarse de manera independiente, sin acumular los trabajadores identificados en procedimientos distintos.
El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y señala que la normativa permite aplicar el incremento cuando las infracciones se detectan en el marco de una misma actuación inspectora. La Sala aclara, además, que no se contabiliza dos veces a una misma persona, sino que se agregan los distintos trabajadores afectados por irregularidades diferentes dentro de una misma investigación.
El artículo 40.1.e) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece una escala de incrementos de las sanciones vinculada al número de personas afectadas. Los porcentajes previstos son del 20% cuando hay dos trabajadores, del 30% para tres, del 40% para cuatro y del 50% cuando el número alcanza cinco o más personas.
La sentencia considera que este criterio de acumulación es compatible con el principio de legalidad sancionadora, recogido en el artículo 25.1 de la Constitución, y con el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3. Según el tribunal, se trata de una circunstancia agravante expresamente contemplada y delimitada por la ley, por lo que su aplicación no vulnera las garantías del procedimiento sancionador.
Asimismo, descarta que deban prevalecer argumentos como el principio in dubio pro reo o la interpretación restrictiva de las normas sancionadoras, al entender que la regla legal de graduación establece de forma suficientemente clara cómo debe calcularse el número de afectados en estos supuestos.