(El Economista, 23-04-2026) | Laboral
El empleo en las empresas establecidas en España empieza a verse afectado por la expansión de la inteligencia artificial (IA) y por la incertidumbre económica global derivada del conflicto en Irán. Esta combinación ya tiene consecuencias a nivel empresarial y, entre enero y abril de este año, más de 12.000 puestos de trabajo se han visto comprometidos en compañías del país, bien porque han anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o porque ya lo están aplicando.
Un ejemplo destacado es Telefónica. La compañía presidida por Marc Murtra comunicó a finales de 2025 un plan que podría impactar entre 4.500 y 5.500 empleos en sus principales filiales: Telefónica España, Móviles y Soluciones y Movistar+, siendo la primera la más afectada. La empresa justificó esta decisión por motivos organizativos, técnicos y productivos, en un contexto marcado por pérdidas históricas de 4.318 millones de euros, derivadas principalmente de la venta de activos en Latinoamérica.
Este caso refleja cómo la creciente competencia, intensificada por la irrupción de la IA en distintos sectores, está suponiendo un desafío para el empleo. Los ajustes laborales se extienden a múltiples industrias, como demuestra también Amazon. A finales de 2025, la compañía alcanzó un acuerdo con los sindicatos para reducir 920 puestos en Madrid y Barcelona, por debajo de los 1.200 previstos inicialmente. Esta medida forma parte de una estrategia global que incluyó la eliminación de decenas de miles de empleos administrativos, aunque la última fase no afecta a España.
Otra empresa que podría protagonizar un importante ajuste es Capgemini. La consultora tecnológica francesa anunció el 10 de abril su intención de llevar a cabo un ERE en España, sin precisar aún el número de trabajadores afectados. Sin embargo, este tipo de procesos suele implicar al menos al 10% de la plantilla, que en su caso asciende a 11.000 empleados. La compañía atribuye esta decisión a la innovación tecnológica y ha comunicado a los sindicatos su intención de reorganizar su estructura laboral.
En el ámbito de los servicios, los centros de atención telefónica están siendo especialmente golpeados por la automatización. Majorel es un ejemplo, con 329 salidas todavía en negociación y un nuevo ERE anunciado recientemente que afectará sobre todo a Zaragoza y Barcelona. Los representantes sindicales señalan que detrás de estas decisiones podría haber procesos de deslocalización hacia países latinoamericanos con menores costes laborales. Una situación similar vive Allianz Partners, aunque su plan de recorte de 320 empleos se encuentra actualmente paralizado.
A pesar de que el Gobierno ha aprobado medidas que limitan los despidos en empresas que reciben ayudas públicas vinculadas al conflicto en Irán, la realidad económica y los problemas previos de algunas compañías están llevando a que los ERE sigan siendo utilizados.
Es el caso de Ficosa, proveedor del sector de automoción, que ya arrastraba dificultades desde la guerra en Ucrania y que ahora plantea un nuevo ajuste de 172 trabajadores, cerca del 20% de su plantilla, en parte por su reorientación hacia el sector de defensa. También Metal Group se ve afectada por la crisis del automóvil y la ruptura de relaciones con Volkswagen, lo que ha llevado a plantear un ERE que afectaría a 139 de sus 183 empleados.
Existen también casos que responden a circunstancias propias de cada empresa. Iberia ha anunciado un plan de bajas incentivadas para 1.000 trabajadores por motivos organizativos. Por su parte, Glovo planteó en marzo un ERE de hasta 750 empleados, en gran medida debido al impacto de la Ley Rider, que ha obligado a contratar a repartidores como asalariados en lugar de autónomos, afectando a su operativa en numerosas ciudades.
Más recientemente, Nestlé comunicó el inicio de un despido colectivo que afectará a 301 trabajadores. La multinacional justifica esta decisión por el aumento de costes, el crecimiento de las marcas blancas y el avance de la automatización y digitalización.
Según los últimos datos provisionales del Ministerio de Trabajo, los despidos colectivos aumentaron un 6,7% en los dos primeros meses del año. En enero se registraron 1.642 afectados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, pero en febrero los recortes crecieron un 18,6%, alcanzando los 2.365 trabajadores. En conjunto, ambos meses superan los 4.000 despidos, por encima de los registrados en el mismo periodo de 2025. Durante todo el año pasado, 41.200 personas se vieron afectadas por este tipo de procesos, lo que supuso un incremento del 10,2% respecto a 2024. Por el contrario, otras medidas como la suspensión de contratos descendieron notablemente, en parte debido a situaciones excepcionales como la DANA que afectó a Valencia en 2024.