(El Confidencial, 08-07-2025) | Fiscal
El acuerdo que se presentará el próximo 14 de julio en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat incluirá una propuesta clave relacionada con la financiación autonómica, según han confirmado fuentes políticas involucradas en las negociaciones. Como parte del pacto, está previsto que en septiembre se registre en el Congreso una nueva proposición de ley que permita a la Generalitat asumir la gestión de la recaudación del IRPF. En 2024, este impuesto generó 129.400 millones de euros para el conjunto del Estado, de los cuales 24.852 millones procedían de Cataluña, según datos de la Agencia Tributaria.
Aunque aún se están ultimando algunos detalles, el núcleo del acuerdo será un calendario político para impulsar una nueva legislación que habilite a Cataluña a ejercer esta competencia. No obstante, la ley contemplará que esta posibilidad se extienda también a otras comunidades autónomas que lo soliciten, como vía para reforzar su capacidad recaudatoria. Ahora bien, el hecho de que la Generalitat gestione estos fondos no implica que pueda quedarse con el total recaudado. En la actualidad, Cataluña, al igual que las demás comunidades de régimen común, recibe el 50% de la liquidación neta del IRPF.
Por esta razón, el acuerdo global sobre el nuevo modelo de financiación no se cerrará completamente el 14 de julio. Quedará para una fase posterior la definición de cuánto dinero adicional aportará el Estado a las comunidades autónomas, con el fin de compensar el aumento del gasto social acumulado durante los años en los que el sistema ha estado desactualizado. También se aplazará la discusión sobre los criterios para distribuir esos fondos entre las distintas autonomías.
Lo que sí está pactado ya es el inicio de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley en septiembre. Esta incluirá reformas en tres normas clave: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece el marco general; la Ley de Financiación Autonómica, que regula aspectos como la cesión de tributos y los fondos de nivelación; y la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas.
El compromiso es que esta nueva legislación quede aprobada antes del 31 de diciembre de este año, según han explicado fuentes de la Generalitat implicadas en los acuerdos. Desde la Conselleria de Economía, por el momento, han preferido no hacer declaraciones. Los principales interlocutores en este acuerdo han sido Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda y persona de máxima confianza de la ministra María Jesús Montero; Alicia Romero, consellera de Economía; y Lluís Salvadó, secretario general adjunto de ERC y figura cercana a Oriol Junqueras.
También ha tenido un papel relevante el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, mano derecha del president Salvador Illa, especialmente en la coordinación entre la Generalitat y ERC. Los republicanos han estado informados en todo momento de la evolución de la propuesta y le han dado su respaldo. De hecho, varias de las reuniones más importantes entre Romero y Salvadó se han celebrado en el despacho de Dalmau en el Palau de la Generalitat, según indican fuentes próximas al proceso negociador.
Cabe destacar que ha sido ERC el motor principal de este pacto. Cuando hace unas semanas la ministra María Jesús Montero decidió pausar las conversaciones por temor a una respuesta negativa del PP -que ya había mostrado su oposición durante la reciente cumbre de presidentes en Barcelona-, fue ERC quien insistió con más fuerza en reactivar el diálogo y retomar las negociaciones.
El mayor problema de un pacto como este es técnico. Con solo 830 trabajadores, de los cuales apenas una decena son inspectores de Hacienda, la Agencia Tributaria de Cataluña de la Generalitat no puede asumir la recaudación del IRPF de 2025, que tendría que arrancar en la primavera del año que viene. La nueva ley tendrá que instrumentar el modo en que este ente se coordina con la Agencia Tributaria central para irse haciendo cargo de manera progresiva con la gestión de un impuesto tan complejo como el IRPF. Algo que sería equivalente a, por ejemplo, el despliegue de los Mossos, y que puede tardar cinco o seis años, hasta que esta nueva competencia pueda ejercerse de manera plena.