(El País, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo máximo en el tercer trimestre del año. Por primera vez superó los 1,7 billones de euros, sumando los pasivos de la Administración central, las comunidades autónomas, los entes locales y la Seguridad Social, tras crecer un 4,5% en términos interanuales. Sin embargo, su peso relativo sobre la economía se redujo: la ratio deuda/PIB descendió hasta el 103,2% en septiembre, un punto menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos difundidos este lunes por el Banco de España.
Este comportamiento no resulta contradictorio. Aunque la deuda aumente en términos absolutos, puede disminuir en proporción al PIB si la economía crece a un ritmo superior. Y ese es el caso de España, cuya actividad mantiene una evolución sólida, con una previsión de crecimiento cercana al 3% este año, más del doble de la media esperada para la zona euro. Esta fortaleza económica ha llevado incluso a las principales agencias de calificación a mejorar la nota de la deuda soberana española, al considerar más asumible su coste.
La Administración central volvió a concentrar la mayor parte del endeudamiento en el tercer trimestre, algo habitual al ser la que asume el grueso de las obligaciones. Su deuda aumentó un 4,5% interanual y alcanzó en septiembre más de 1,57 billones de euros, lo que equivale al 94,8% del PIB, de acuerdo con el supervisor bancario.
No obstante, el mayor incremento relativo se registró en la Seguridad Social. Sus compromisos financieros crecieron un 8,6% en volumen y un 7,6% en relación con el PIB respecto al año anterior, hasta situarse en 126.000 millones de euros. Este aumento responde, principalmente, a los préstamos procedentes del Estado, necesarios para cubrir el desequilibrio de sus cuentas ante la presión creciente del gasto, especialmente por el encarecimiento de las pensiones.
Las comunidades autónomas, por su parte, mostraron un crecimiento más moderado de su deuda, del 1,7% hasta el tercer trimestre, con un saldo conjunto de 339.000 millones de euros, equivalente al 20,4% del PIB. Aun así, solo cinco regiones lograron mantenerse por debajo del límite del 13% que establece la ley de estabilidad presupuestaria: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%). En el extremo opuesto se situaron las autonomías con menor financiación por habitante, como la Comunidad Valenciana (40,5%), Murcia (30,2%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Cataluña ocupa el cuarto lugar con un 28,4%, y aunque su financiación está en la media, es la comunidad con mayor deuda en términos absolutos.
En contraste, las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones y cabildos- redujeron su endeudamiento un 2,8%. Su deuda se situó en torno a los 22.000 millones de euros, lo que representa el 1,4% del PIB. Madrid es el municipio con mayor volumen de deuda, con unos 2.100 millones, mientras que Barcelona encabeza la deuda por habitante entre las grandes ciudades, con 788 euros por vecino.
El Ejecutivo ha asumido con Bruselas el compromiso de rebajar la deuda pública hasta el 101,7% del PIB este año, tras cerrar el ejercicio anterior en el 101,8%. Según las previsiones incluidas en el plan fiscal de medio plazo, la ratio debería descender al 100,9% en 2026, situarse en el 100% en 2027 y bajar al 99,1% en 2028.
El Gobierno confía en que esta reducción se apoye fundamentalmente en el crecimiento económico, ya que la fragmentación parlamentaria dificulta la aprobación de medidas de ajuste más ambiciosas para corregir los desequilibrios fiscales con mayor rapidez. Un ejemplo reciente de este bloqueo es el rechazo del Congreso, en dos ocasiones, a la senda de déficit, lo que complica la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. De este modo, seguirán en vigor las cuentas de 2023, las últimas aprobadas por el Ejecutivo de coalición, que volverán a prorrogarse a partir del 1 de enero.