(El País, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
A ocho de cada diez españoles les preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda en España, mientras que cuatro de cada diez aseguran que la crisis habitacional ya les está afectando directamente. Son algunas de las principales conclusiones del Barómetro de Vivienda del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el tercer estudio específico que el organismo dedica a esta cuestión después de los realizados en 2014 y 2018.
Los resultados proceden de 6.019 entrevistas realizadas entre el 22 y el 30 de junio en 1.243 municipios de las 50 provincias españolas. Por tanto, el trabajo de campo se llevó a cabo antes del desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles, de la caída en el Congreso de los dos decretos de vivienda que posteriormente han sido reformulados y publicados de nuevo en el BOE, y también antes del anuncio del adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.
El 51,6% de los encuestados afirma que la situación de la vivienda le preocupa mucho y otro 35,4% dice que le preocupa bastante. En el extremo contrario, solo el 11,7% asegura que le preocupa poco o nada. En cuanto a la repercusión personal de la crisis, el 52,6% considera que ni le perjudica ni le beneficia, mientras que un 41,6% reconoce que sí se está viendo afectado.
El estudio también refleja un amplio respaldo a una mayor intervención pública. El 76,3% de los ciudadanos considera que el Estado debería intervenir tanto como fuera necesario para garantizar el acceso de toda la población a una vivienda, frente al 18,8% que defiende que no debería intervenir y dejar actuar a la oferta y la demanda.
Sin embargo, existe un notable desconocimiento sobre el reparto de competencias. El 58,5% de los encuestados no sabe que son las comunidades autónomas las que tienen las principales atribuciones en materia de vivienda. Un 26,9% atribuye esa competencia al Estado, pese a que la Constitución no le asigna esa responsabilidad, mientras que un 44,5% considera que debería corresponderle.
Entre las medidas que podrían adoptarse para hacer frente al problema, la que reúne un mayor consenso es la reducción de impuestos para adquirir la primera vivienda, respaldada por el 95,4% de los participantes. También obtienen un apoyo mayoritario la ampliación de las garantías para los propietarios frente a los impagos, con un 85,7%; la puesta en el mercado de suelo urbanizable, con un 84,3%, y la recuperación de viviendas públicas que fueron vendidas a empresas, con un 83,1%.
Otras propuestas también cuentan con un respaldo elevado, como limitar los pisos turísticos, apoyado por el 75,6%; crear una empresa pública estatal de vivienda, con un 76,3%, o elevar la fiscalidad de los grandes propietarios, respaldado por el 72%. Las mayores diferencias aparecen en las medidas de expropiación. La destinada a obtener suelo para vivienda pública cuenta con un 49,9% de apoyo, mientras que la expropiación de viviendas vacías genera un mayor rechazo, con un 54,3% en contra frente a un 40% a favor.
Los inquilinos aparecen entre los colectivos que soportan con mayor intensidad la subida de los precios. Siete de cada diez personas que viven de alquiler aseguran pagar una renta equivalente al precio de mercado o superior, mientras que solo el 23% paga por debajo de ese nivel. Además, el 4,5% de los encuestados reside en una habitación dentro de una vivienda compartida y, de ellos, casi una cuarta parte convive con su pareja o con sus hijos.
Las dificultades para acceder a una vivienda también condicionan las expectativas de quienes quieren independizarse. Entre quienes viven con familiares o en una habitación compartida y no tienen previsto trasladarse a una vivienda independiente durante el próximo año, alrededor de ocho de cada diez señalan como principal obstáculo el elevado coste de los alquileres en relación con sus ingresos. Un 84,9% apunta a esta razón, mientras que el 85,6% considera que tampoco puede afrontar el precio de compra de una vivienda. La falta de ahorros suficientes para pagar la entrada o la fianza es otro de los grandes impedimentos, señalado por el 77%.
El barómetro permite además conocer algunos rasgos del mercado residencial español. La mayoría de los propietarios que obtienen ingresos mediante el alquiler solo dispone de una vivienda arrendada: representan el 78,5%. En cambio, quienes poseen cinco o más inmuebles destinados al alquiler apenas suponen el 1,7%. La vivienda protegida mantiene, asimismo, un peso reducido dentro del parque residencial. Solo el 8,6% de los encuestados asegura residir en una vivienda de este tipo. De ellas, el 40,6% fue construida por promotores privados, frente al 14,4% promovido por los ayuntamientos y el 16,7% por las comunidades autónomas.
Entre quienes son propietarios de la vivienda en la que viven, aproximadamente la mitad de la muestra, el 7,8% afirma haberla recibido mediante una herencia o donación. Más del 90% restante accedió a ella mediante una compra y, dentro de este grupo, el 54% ya ha terminado de pagarla. El estudio también incorporó una pregunta sobre unas hipotéticas elecciones generales, pese a que el adelanto electoral del 29 de noviembre todavía no se había anunciado cuando se realizaron las entrevistas. El 71,1% de los encuestados aseguró que acudiría a votar con toda seguridad si las elecciones se celebrasen al día siguiente, mientras que el 8,2% afirmó que no acudiría.
Entre quienes manifestaron su intención de votar, el PSOE aparecía como primera fuerza en voto directo, con un 20%, seguido del PP, con un 14,8%, y Vox, con un 9,2%. Sumar obtenía un 4,3% y Podemos un 1,8%. El barómetro reflejaba, no obstante, un elevado nivel de indecisión: el 21,9% todavía no sabía a qué partido votaría, mientras que un 6% aseguraba que no acudiría a las urnas y un 6,6% prefería no responder.