(El Economista, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea ha pedido a los países de la UE que aún mantienen tarifas eléctricas reguladas -entre ellos España- que diseñen planes claros, con plazos concretos, para avanzar hacia un sistema en el que los precios al consumidor se determinen por el mercado.
Desde Bruselas se reconoce que la intervención pública en los precios puede tener sentido en determinados casos, como la protección de consumidores vulnerables o durante etapas de transición hacia un mercado más competitivo. Sin embargo, advierte de que estas medidas no deberían prolongarse indefinidamente ni convertirse en algo estructural.
En su informe sobre precios minoristas de la electricidad, competencia y mecanismos de flexibilidad, la Comisión sitúa a España dentro de un grupo de seis países -junto a Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia- que han aplicado medidas de control de precios para hogares o pequeñas empresas en ese proceso de transición. Según el documento, el 29% de los hogares españoles sigue acogido a tarifas reguladas, una proporción inferior a la de otros países como Francia (57%) o Polonia (63%), pero superior a la de Portugal (18%).
Bruselas recuerda que la normativa europea establece como regla general que las empresas comercializadoras deben poder fijar libremente los precios de la electricidad. Aunque admite que las tarifas reguladas pueden aportar estabilidad a las facturas, también alerta de que pueden distorsionar las señales del mercado, reducir los incentivos al ahorro energético y perjudicar la competencia a largo plazo.
Por ello, la Comisión insiste en que los países con precios intervenidos deben trazar una estrategia de salida ordenada. Estos planes deberían incluir objetivos concretos, indicadores para evaluar el avance hacia un mercado competitivo, medidas para evitar distorsiones, mayor transparencia y garantías de igualdad de condiciones entre operadores.
Este mensaje afecta directamente a España, donde instrumentos como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social siguen teniendo un peso importante. La Comisión menciona el bono social como un mecanismo válido para proteger a los consumidores más vulnerables, siempre que forme parte de una política más amplia contra la pobreza energética. Aunque por ahora no plantea cambios legislativos, Bruselas avisa de que seguirá vigilando la aplicación de las normas y solicitará a cada país información sobre sus planes para avanzar en esta dirección.
Por otro lado, la Comisión ha dado un paso adicional en la reforma del mercado eléctrico al publicar una recomendación para reforzar el control financiero de las comercializadoras y evitar situaciones de inestabilidad como las vividas durante la crisis energética de 2021 y 2022. El foco se sitúa en la gestión del riesgo por parte de estas empresas, que deberían contar con estrategias adecuadas para protegerse frente a la volatilidad de los precios mayoristas. Durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el fuerte encarecimiento de la electricidad evidenció las debilidades de muchos operadores, provocando quiebras y trasladando costes a los consumidores.
La Comisión señala que uno de los principales problemas fue la escasa utilización de mecanismos de cobertura (hedging) en un contexto de contratos a precio fijo. Cuando los precios se dispararon, muchas compañías no tenían asegurados sus costes, lo que las llevó a situaciones de tensión financiera.
Ante este escenario, Bruselas recomienda reforzar el papel de los reguladores nacionales, otorgándoles más capacidad para supervisar las estrategias de riesgo de las comercializadoras y asegurar que estas sean adecuadas a su tamaño, recursos y exposición al mercado. En España, esta función corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La propuesta no pasa por intervenir directamente en las decisiones empresariales, sino por establecer marcos de control que permitan anticipar problemas. Entre las medidas sugeridas se incluyen pruebas de resistencia (stress tests) y la obligación de informar periódicamente sobre la situación financiera y las coberturas.
Además, la Comisión destaca la importancia de reforzar la coordinación entre reguladores energéticos, supervisores financieros y bancos centrales, dado el creciente vínculo entre los mercados eléctricos y los instrumentos financieros, especialmente los derivados.
Por último, se introduce el principio de proporcionalidad, reconociendo que no todas las empresas pueden asumir las mismas exigencias. Así, se plantea que algunas comercializadoras puedan optar por coberturas parciales si cuentan con otras garantías de solidez, como acceso a generación propia o suficiente liquidez.